Con una muerte que se declaró por abandono, la Justicia cerró los dos frentes que buscaban sostener la versión más favorable para Amado Boudou sobre el dinero del “caso Ciccone”. Ahora el ex vicepresidente no cuenta con el financista que aportó los millones de dólares.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, fue la encargada de complicar así la defensa de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

El primero fue el amparo que en 2013 inició el ex banquero Raúl Moneta contra la AFIP. Afirmó ser el financista detrás de The Old Fund por medio de la sociedad panameña Mayer Business Corporation, y planteó que la expropiación de Ciccone Calcográfica lo perjudicaba porque se quedaría sin cobrar los supuestos $ 35 millones que decía que le había prestado a The Old Fund, cuyos dueños permanecen en las sombras, con las acciones de la imprenta como garantía.

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Sin embargo, dos años y medio después, en diciembre de 2015, Moneta se bajó de su reclamo. Su abogado presentó un escrito para desistir del amparo y, desde entonces, apenas se limitó a pedir que las “costas” del juicio se repartieran por igual entre él y el Estado, sin suerte.

“Corresponde que la actora [por Moneta] cargue con las costas del desistimiento que formula”, terció la jueza Biotti, en una resolución del 21 de junio, con la que dio un golpe definitivo a la movida que buscaba favorecer a Boudou y al verdadero financista, que también sigue sin aparecer, pero que los investigadores judiciales sospechan que podría ser el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo.

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Semanas antes, la jueza había dado el primer golpe a la coartada, en otro juicio. Fue entre marzo y abril, cuando en el caso “The Old Fund c/ Estado Nacional-AFIP”, declaró la “caducidad de instancia” y cerró el expediente porque Vandenbroele, dejó de impulsarlo.

Vandenbroele ni siquiera se presentó como presidente de The Old Fund para pagar los $ 69,67 que esa sociedad adeuda en concepto de “tasa de justicia”, por lo que la jueza dio la siguiente orden: enviar ese expediente al archivo. Tras pasar varias semanas detenido en Mendoza por el pedido de extradición que cursó la justicia uruguaya por presunto lavado, para cuando llegó la orden de la jueza Biotti, Vandenbroele lidiaba ya con asuntos más urgentes para defender su libertad, como la elevación a juicio oral de la investigación penal que instruyó el juez federal Ariel Lijo.

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