Una nueva preocupación para el kirchnerismo en la Justicia. Cristina Kirchner podría terminar 2016 procesada por corrupción.
El juez federal Julián Ercolini trabaja para concluir esta semana una resolución para resolver la situación de la ex presidenta, indagada por montar un mecanismo que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Lázaro Báez el 80 por ciento de las obras públicas santacruceñas sin controles, lo que permitió sobreprecios.
Según detalla el diario La Nación, de concretarse la decisión de Ercolini, se trataría del segundo procesamiento que enfrenta la ex presidenta.
El primero es por la causa donde está acusada de vender dólares a futuro, a menor precio que el de mercado. Este procesamiento está firme y el juez Claudio Bonadio quiere elevar la causa a juicio a más tardar en febrero.
Pero la causa de la obra pública santacruceña enfrenta a la ex presidenta al primer procesamiento por corrupción. El delito por el cual será procesada es una incógnita: los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques describieron conductas que puedan ser caratuladas como de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pero cuando los fiscales pidieron al juez la indagatoria de la ex presidenta dijeron que “esta investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primera mandataria Cristina Kirchner”.
Según los fiscales, ellos actuaron “juntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez”, y “se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.
Además de a Cristina Kirchner, Ercolini indagó a otros 15 ex funcionarios, entre los que se cuentan el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López (preso), el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex subsecretario Abel Fatala, entre otros. Probablemente todos ellos sean procesados con la ex mandataria.
Los fiscales basaron su acusación en cuatro pilares:
1) La conversión de Báez de empleado bancario en empresario de la construcción dos semanas antes de la asunción de Néstor Kirchner.
2) La exportación a nivel nacional de la estructura provincial de funcionarios montada con “el propósito criminal buscado”.
Para eso fueron nombrados en el gobierno nacional funcionarios que acompañaban al matrimonio presidencial desde la intendencia de Río Gallegos y la gobernación de Santa Cruz para cubrir puestos clave en el área de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Allí surgen los nombres de De Vido, López y Periotti, entre otros.
3) La elección de Santa Cruz como el territorio para llevar a cabo la maniobra. Allí se concentró la mayor parte de la obra vial, con un 11,2% del presupuesto total.
4) La “asignación direccionada” de la obra pública vial en Santa Cruz a Báez. Así se montó una matriz basada en el descontrol.
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