La fiscal que entiende en la causa de la Tupac Amaru de Mendoza, Gabriela Chaves, investigará por “lavado de dinero” a sus principales figuras.

Así trascendió ayer y con eso, la presunción de que algunos integrantes de esa agrupación compraron bienes con fondos públicos quedaría en la Justicia provincial y no en la Federal, como se esperaba en principio. Y podrían sumarse imputaciones a las que hay hasta ahora, sobre más de 40 involucrados.

Que Chaves se avoque a esta investigación es parte de lo que ella sugirió en la última audiencia ante la jueza de Garantías, Cristina Pietrasanta, cuando la defensa de Rojas pidió la devolución de los bienes secuestrados por la Justicia, en el medio de otras investigaciones, algo que la jueza denegó.
En esa oportunidad, el Ministerio Público Fiscal emitió una compulsa destacando las compras que varios miembros de la Tupac habían hecho y lanzando la presunción de que esas compras (una veintena de autos, camiones y camionetas) podrían haberse realizado para lavar fondos públicos destinados a construir viviendas.

En realidad, aquella recomendación hacía suponer que la compulsa iría a la Justicia Federal, donde han llegado denuncias de defraudación al Estado nacional, como la que hizo la líder de GEN, Margarita Stolbizer, en noviembre de 2015.
Pero hay que recordar que la propia fiscal le planteó un conflicto de competencia al Juzgado Federal n° 3, a cargo de Marcelo Garnica, por entender que si ha habido fraude, ha sido “contra el Estado provincial”, porque los fondos “se han provincializado”.

Chaves investiga a la Tupac en más de 50 causas por las que imputó a la líder, Nélida Rojas, a su pareja, Ramón Martínez y a varios de sus familiares, muchos de los cuales figuran como propietarios de los bienes cuestionados.

la figura de asociación ilícita implicó la detención -en abril del año pasado- de rojas, martínez, dos hijas y una nuera.
Sin embargo, en setiembre, la 8va Cámara del Crimen desechó la acusación y amonestó severamente a Chaves.

La fiscal presentó un recurso de queja en la Corte, que el máximo tribunal aún no resuelve. Más allá de eso, siguió investigando, recibió nuevas denuncias (más de 180), y ha hecho más imputaciones (por estafa, coacción y extorsión).

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