Caso Lázaro Báez: un informe concluyó que cobró US$ 1.000 millones de sobreprecios

Los números sólo aumentan, nunca disminuyen. Vialidad Nacional, por pedido del juzgado de Julián Ercolini, corroboró las cifras de las licitaciones con las que se favoreció a Lázaro Báez.
Y determinó que con el ajuste de inflación a la fecha, recibió en contratos viales U$S 3.082 ($ 46.230 millones). Además, el organismo concluyó que bajo el gobierno kirchnerista, por 52 contratos se pagaron sobreprecios por U$S 1.000 millones ($ 16.000 millones).
Según indica el diario Clarín, la redeterminación de los valores fue presentada esta semana a la Justicia e incorporada a la causa que investiga una “matriz de corrupción” en la obra pública, direccionada a favor del socio comercial de Cristina Kirchner.
La denuncia inicial de la Dirección Nacional de Vialidad y la posterior ampliación, remarca que las empresas del Grupo Austral fueron creadas para “defraudar al Estado Nacional” disponiendo procesos licitatorios “espurios, convalidando sobreprecios escandalosos y asignando circuitos administrativos de pago de excepción”.
Bajo esta premisa y por pedido del juez Ercolini, el director de Vialidad -Javier Iguacel- actualizó los números de las contrataciones que fueron otorgadas a Báez.
Se analizaron los saldos faltantes de obra con un índice que sale de una proporción de “Mano de Obra, Equipos, Combustibles y Lubricantes, y el resto de los componentes del Costo”, explicaron fuentes oficiales.
El número actualizado asciende a U$S 3.082 dólares en contratos viales para el grupo Báez. Una de las cifras más llamativas es el sobreprecio que el Estado pagó al empresario preso por lavado de dinero, los cálculos oficiales determinaron que fue más de U$S 1.000 millones, por obras inconclusas en Santa Cruz.
Durante el período que recibió los millonarios contratos viales, Báez sufrió un sustancial incremento en su fortuna: a la fecha el Tribunal de Tasaciones de la Nación le atribuye $ 2.250 millones sólo en propiedades. Y la cifra podrá trepar a los $ 3.300 millones, estiman en la Justicia.
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