Por un entramado de facturas truchas por decenas de millones de pesos que se montó en Bahía Blanca para beneficiar a Lázaro Báez, la justicia federal de esa ciudad ordenó avanzar contra los bienes de todos los sospechosos, Báez incluido, y les prohibió salir del país.
“Teniendo en cuenta el riesgo de «desapropiación»” de los sospechosos, indicó la jueza federal Mirta Filipuzzi, “resulta necesario y pertinente disponer medidas para evitar el eventual provecho de los delitos imputados”, es decir, evasión tributaria agravada, lavado de activos y asociación ilícita fiscal.
Según detalla el diario La Nación, la jueza les cerró además las fronteras a los once acusados “a fin de asegurar la comparecencia de los imputados para el caso de que sean convocados a prestar declaración indagatoria”.
Filipuzzi dejó así a un paso de llamar a indagatoria al presunto testaferro de la familia Kirchner y a su hijo Martín Báez, como también a un conocido contador de Bahía Blanca, Rogelio Chanquía, y ocho empresarios de esa ciudad involucrados en la emisión de facturas truchas, integrantes de dos familias: los Ficcadenti (Mauro, Franco, Enzo y Silvio) y los Ferreyra (José, Denis, Jorge y Franco).
La operatoria bajo sospecha había salido a la luz en octubre de 2014. Se reveló que Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, había acumulado facturas apócrifas o infladas por decenas de millones de pesos de empresas y sociedades truchas de Bahía Blanca.
Esas firmas eran controladas, a su vez, por las familias Ficcadenti -dueños de las firmas Grupo Penta y Calvento, entre otros-, Ferreyra -Constructora Patagónica Argentina- y Pedraza, cuyos integrantes eran originarios de esa ciudad del sur bonaerense, pero que luego se trasladaron a Santa Cruz.

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