Una imagen algo épica: la llegada a la ciudad de Bariloche de una columna con 400 gendarmes encabezados por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para restablecer allí el orden tras el saqueo de un supermercado del barrio El Alto, en la periferia metropolitana. Es posible que el funcionario, frente a tales circunstancias, no ignorara una explosiva historia del lugar.
En junio de 2010, el adolescente Diego Bonnefoi fue asesinado por el cabo Sergio Colombil en un callejón de ese arrabal. A raíz de ello, los familiares y amigos del difunto procedieron a quemar la comisaría local. Los incidentes motivaron la intervención de la Policía de Río Negro, que sofocaría la revuelta, aunque con un elevado precio: la muerte de los pobladores Nicolás Carrasco y Sergio Cárdena. Esos crímenes echaron más leña al fuego. Y, para colmo, en vísperas de la temporada invernal. Tal situación sacudiría del letargo a la parte sana de la sociedad barilochense, la cual, encabezada por un patrullero que hacía sonar la sirena, llenó el Centro Cívico para manifestar su solidaridad con el cabo encarcelado y defender la represión policial.
El asunto, entonces, fue explicado con elocuencia por el concejal de la UCR, Claudio Otano: ”Esto es para que la minoría del otro día (la de los habitantes de El Alto) no aparezca como la mayoría de Bariloche”. A su alrededor, la gente brincaba al grito de ”¡Seguridad! ¡Seguridad!”. Uno de los presentes hasta diría a viva voz: ”Por fin son ellos los que mueren”.
Ese fue apenas uno de los antecedentes fácticos del complejo escenario que Berni ahora debía pacificar. Otro problemita era que, ya en el alba del viernes, nuevos focos vandálicos se encendían en Rosario, Campana y San Fernando. Con el paso de las horas, los saqueos cosecharon dos cadáveres, decenas de heridos y unos 500 detenidos. Semejante tsunami desató también una tormenta política. El Gobierno no tardaría en denunciar acciones coordinadas y acusó al sindicalismo opositor. Infinidad de funcionarios, legisladores y dirigentes políticos –tanto nacionales, como santafesinos, bonaerenses y de Río Negro– amplificaron esa hipótesis, pero –dicho en argot judicial– sólo ”en grado de tentativa”.
Berni, por cierto, fue más específico. Ya de regreso en Buenos Aires, donde seguía los acontecimientos desde la sala de situación del Departamento Central de Policía, deslizó un nombre: Jorge Villalba –un dirigente vinculado al líder de la CTA disidente, Pablo Micheli– por su presunta responsabilidad en el sabotaje a las líneas de electricidad en Neuquén. Y, en el saqueo al supermercado Maxiconsumo, de Campana, apuntó sobre ”un grupo de barrabravas del Villa Dálmine (club del ascenso de Campana) relacionado con choferes de una empresa agroquímica que responde al gremio de Camioneros”. Por último, Berni señaló: ”Hay un sector de la Argentina que quiere llevar el caos, la violencia y teñir de sangre nuestras fiestas y acá lo tenemos”.
La Justicia, desde luego, deberá dilucidar el especto estrictamente policial de tal creencia. Sin embargo, la reiteración de este tipo de personajes –saboteadores profesionales, hinchas caracterizados y matones de toda laya– en ciertos episodios resonantes de los últimos tiempos incitan a la reflexión.

Calles peligrosas. El caso rosarino es paradigmático. Los robos a supermercados de Rosario entre el jueves y el viernes tuvieron consecuencias letales: Silvina Barnachea falleció por un corte de vidrio en la arteria femoral y Luciano Carrizo exhaló su último suspiro al recibir un disparo en el cráneo. Aún se investiga de dónde provino. De los heridos, dos agonizan; otros 50 permanecían internados. También hubo 150 detenidos e imputados por ”robo calificado”.
El gobernador Antonio Bonfatti le pidió al jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, el envío de ”al menos 100 gendarmes” e indicó que ”la Justicia tiene pruebas y trabaja” para castigar a los culpables. El ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, habló de ”instigadores, que no son políticos, que usaron la situación climática para cometer vandalismo”; también apuntó a que la gente ligada al narcotráfico ”no es ajena”.
Lamberto aseguró que en los incidentes ”actuó un grupo reducido de entre mil y dos mil personas que aprovecharon un hecho meteorológico para cometer actos vandálicos. Y no por estricta necesidad. Hubo instigadores, actores y autores que no tienen nada que ver con los problemas sociales o reclamos por las inundaciones. Relevamos gente muy joven que se movía de un lado para el otro. Los robos fueron vinculados con bebidas alcohólicas. Queremos descartar la existencia de organizaciones detrás de esto”.
Es loable el indudable conocimiento que exhibía Lamberto sobre el tema abordado. Lo cierto es que la experiencia lo asiste.
Durante la primera madrugada de 2012, más de 50 tiros sacudieron al barrio rosarino de Villa Moreno. En la canchita de la Asociación Oroño, tres cuerpos yacían sobre un charco de sangre. Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez militaban en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Pero no fueron asesinados por ello sino por error.
Con tal certeza se topó de modo tardío el tipo con chaleco antibala y ametralladora FMK3 que huyó de allí junto a otros cuatro sicarios. Era Sergio El Quemado Rodríguez, un referente de la hinchada de Newell’s que controlaba en ese vecindario la venta de droga. En realidad, sus balas eran para los soldados de su archienemigo, Ezequiel El Negro Villalba, al que buscaba con fines de venganza.
Dos sábados después, El Quemado fue detenido en la localidad entrerriana de Santa Elena. Entonces, el aún flamante jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, se prestó a la requisitoria periodística. ”Acá hay una guerra mafiosa”, fueron sus exactas palabras. Desde entonces, dicho conflicto bélico se cobraría otros 24 cadáveres. Y también el destino del propio Tognoli, quien –como es de dominio público– quedaría comprometido en una investigación penal que lo señala como el máximo responsable de una red de protección al narcotráfico. El gobernador socialista de la provincia, Antonio Bonfatti, tomó conocimiento del asunto a través de los diarios, al igual que su ministro Lamberto.
Ahora, ambos, al parecer, están curados de espanto.
La zona de los saqueos en Rosario había sido afectada por las inundaciones tras la tormenta de esta semana. Se trata de un territorio controlado por Los Canteros, cuyos ”soldados”, con logística y agitación del sindicato de recolectores de residuos, a cargo del puntero Marcelo Andrada, mantienen una excelente relación con la policía provincial enfrentada con el gobierno socialista.
La gente de Los Canteros posee antecedentes ruidosos. El más visible, un enfrentamiento ocurrido en agosto, entre la barra de Newell’s, que apoyó en la interna de la hinchada de Boca Juniors a Rafael Di Zeo, en contra de otra facción que a su vez patrocinaba a Mauro Martín. Los Canteros contarían con unos 1.300 hombres, según estimaciones extraoficiales.
Más allá de una posible conspiración, la presencia de barrabravas en los hechos de Campana, Rosario y Bariloche, se emparienta con la actuación de hooligans locales en otros episodios que sacudieron la agenda política y policial del país; los más conmocionantes: el asesinato de Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, y la masacre del Parque Indoamericano, en diciembre del mismo año. A todas luces, se trata de presencias demasiado recurrentes para ser ignoradas. Una suerte de populismo mafioso que, poco a poco, está saliendo a la luz.

 

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