Argentina renueva reclamo de soberanía en Malvinas

 

En este contexto, el último 24 de febrero, el canciller Jorge Taiana llevó su reclamo al titular de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y, más recientemente, el 20 de marzo, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

En ambos casos, Argentina pidió que el Reino Unido acepte su obligación de no innovar en el área de disputa, tal como lo establece la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

Pero, además, planteó la situación en la Cumbre del Grupo Río que se realizó el 22 de febrero en Cancún, donde recibió el apoyo unánime de los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la región de América latina y el Caribe.

Allí, 32 mandatarios de América latina aprobaron por unanimidad un comunicado especial en rechazo de la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas y solicitaron ”no adoptar decisiones unilaterales”, refirmando los derechos argentinos sobre las Malvinas .

Asimismo, el 1 de marzo, durante la reunión que mantuvo en Buenos Aires la secretaria de Estado Hillary Clinton con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la mandataria argentina pidió la ”intermediación amigable” de Estados Unidos frente al reclamo argentino al gobierno británico.

El Jefe de Gobierno británico Gordon Brown dio a conocer enseguida su negativa ante una eventual aceptación de esta gestión por parte de EEUU.

Mientras esto ocurría a nivel internacional y regional, en lo interno el gobierno argentino dictaba el decreto 256/10 (febrero) exigiendo autorización previa a todo buque que transite entre puertos ubicados en territorio continental e insular argentino -específicamente las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur-.

La medida se extendía a los buques que carguen mercaderías para transportar en forma directa o indirecta entre esos destinos.

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El objetivo de esta norma fue que empresas argentinas no se conviertan en proveedoras de elementos para el funcionamiento de la plataforma petrolera que a mediados de febrero instaló el Reino Unido en las aguas bajo disputa, en las Islas Malvinas, motivo por el cual el gobierno argentino presentó una queja formal ante el gobierno de Gordon Brown y luego ante todos los organismos internacionales y cumbres regionales.

Argentina y Gran Bretaña se enfrentaron en una guerra en 1982, durante el período de la dictadura militar y, como resultado de este enfrentamiento armado, los británicos lograron recuperar el control del archipiélago.

Tras la guerra, se reanudaron las relaciones diplomáticas con la Declaración Conjunta de Madrid 1989-1990, bajo la fórmula de salvaguarda de la soberanía, sin que este reclamo se pudiera incluir en ninguna negociación.

En 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, Argentina ratificó su ”legítimo” e ”imprescriptible” reclamo de soberanía sobre el territorio insular.

El 27 de marzo del 2007, Argentina dio por terminada la Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental que mantenía con el Reino Unido.

La decisión se tomó debido al avance británico en acciones unilaterales destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de soberanía, en las Islas Malvinas.

Entre estas acciones unilaterales llevadas adelante por el Reino Unido se destacó, el 18 de abril del 2008, la apertura de una ronda de licencias para empresas interesadas en la explotación hidrocarburífera en áreas marítimas al norte de las Islas Malvinas.

Ante esta nueva situación creada por el Reino Unido, el 30 de abril del 2008, Argentina presentó un reclamo formal por esta ”ilegítima” acción, contraria a lo establecido por la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

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Esta resolución reconoce la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas e insta a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a que ”reanuden las negociaciones y se abstraigan de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación”.

En forma paralela, se inician ”gestiones de desalientos” a las empresas petroleras que operan en la zona de disputa, en las que se les advierte sobre la ilicitud de su accionar.

Estas empresas son: Argos Resources, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum y BHP Billiton.

En septiembre del 2007 en la apertura del 62 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuando el ex presidente Néstor Kirchner pidió que se respetara la resolución del organismo internacional y que el Reino Unido aceptara negociar con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El 10 de diciembre del 2007, durante el acto de asunción de su mandato, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este pedido ante la Asamblea Legislativa.

El 13 de junio del 2008, el Comité Especial de Descolonización de la ONU reiteró la necesidad de poner fin a la situación colonial en Malvinas, a través de una solución negociada de la controversia.

De esta forma, en los últimos siete años el gobierno argentino reclamó en todos los ámbitos posibles sobre la necesidad de resolver la disputa que mantiene con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, generando así una concientización a nivel internacional y regional que resultó en innumerables apoyos.

Telam

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