Ampliarán una denuncia contra Paco Pérez y Celso Jaque por fraude al Estado

Piden ampliar la imputación contra el ex gobernador Francisco “Paco” Pérez y funcionarios del gobierno de Celso Jaque por fraude al Estado. Los acusan de otorgar durante el 2010 concesión de áreas petroleras sin controlar las inversiones ni darse cuenta que la empresa no tenía capacidad financiera.

Dos decretos del 2010 prorrogaron concesiones de áreas petroleras firmadas por el gobernador de aquel entonces Celso Jaque y su ministro de Infraestructura y Energía, Francisco Pérez. Las normas establecían requisitos para extender los contratos como el grado de cumplimiento de las inversiones, las reservas comprobadas y desarrolladas, los compromisos de inversión futura y remediación de pasivos ambientales. Sin embargo, nada de eso parece haber cumplido la empresa Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros SA (Chasa) y según el denunciante, José Rubio, a sabiendas de los funcionarios.

En diálogo con Diario Somos, el abogado y ex legislador del Partido Demócrata, José Rubio, señaló al respecto: “Los cuatro funcionarios antes, durante y después son absolutamente responsables, ellos tienen la obligación legal de asumir el control económico, operativo, técnico y en materia de información no solo no se incrementó la actividad petroleras sino que bajó la producción petrolera de manera escandalosa”.
Según detalló, cuando Pérez ya era gobernador, Walter Vázquez siguió siendo subsecretario un par de años y fue reemplazado por Pedro Sánchez mientras que el ministro de Energía era Marcos Zandomeni. A todos se los acusa de no haber controlado el cumplimiento de las inversiones comprometidas.

“Los funcionarios tenían la obligación legal y reglamentaria de controlar y fiscalizar el funcionamiento de la industria hidrocarburífera”, expresó Rubio.

La denuncia del abogado Rubio fue presentada en noviembre de 2014 ante el fiscal Daniel Carniello, luego la causa pasó a manos de Juan Manuel Bancalari quien solicitó el sobreseimiento de Pérez. Ahora Rubio pide que pase a cargo de Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Susana Muscianisi.

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“No quisieron, no supieron, no pudieron ejercer las tareas de fiscalización y control que le exige la normativa citada, como así mismo en el caso del gobernador la propia Constitución, donde entre las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo establece en el artículo 128 que el gobernador es el responsable y debe recaudar los impuestos y las rentas de la provincia”, agregó el denunciante.

La presentación inicial apuntaba al perjuicio al Estado que implicaba la falta de compromiso de los funcionarios en el control de las inversiones. El daño al patrimonio público se produce por la caída de regalías. En la misma denuncia también se acusa a Chaza de no haber pagado el impuesto a los sellos por la venta de paquete accionario que concretó en 2013 a la empresa petrolera Medanito S.A.

“Que es lo que se habría dejado de percibir por los incumplimientos detectados y absolutamente corroborados por las autoridades de este gobierno que en 2017 emitieron dos decretos, uno en virtud del cual le caducan una de las áreas a Chañares Herrados, área de Pozo Cercado, que próximamente será ofertada en licitación pública, y en otro, aceptan un plan de adecuación para sanear los incumplimientos detectados”, detalló Rubio y de esta manera destacó que esta investigación no se limitaría al incumplimiento de deberes de funcionario público sino que se debe extender al fraude a la administración pública cometidos por los ex dueños y titulares de la empresa que hizo “esta maniobra defraudatoria”, completó el abogado José Rubio.

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La empresa recibía incentivos nacionales desde 2010

Chañares Herrados S.A. recibía un estímulo nacional para incentivar la producción e incorporar reservas. Se trata de recursos del programa Petróleo Plus.
El programa nació en 2008 por el decreto 2014 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2008 y consistía en aportes financieros a empresas petroleras para que fueran invertidos en producción y exploración. Chañares Herrados habría recibido entre 2010 y 2013 cerca de 95 millones de pesos. Pero, a pesar de ese incentivo, la producción de Chasa no se incrementó.

Los dueños de Chañares Herrados

Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros SA (Chasa) desembarcó en Mendoza en 1992, cuando el Gobierno nacional le otorgó la concesión de dos áreas en la subcuenca Carrizal: Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado.

En aquellos años la propiedad del subsuelo petrolero no era de las provincias sino nacional y era en esa instancia en la que se hacían las concesiones. Eso cambiaría dos años después, con la reforma constitucional de 1994, cuando las entrañas de las tierras productoras pasaron a las provincias.

La empresa justamente tomó el nombre del área que más satisfacciones le daba. Es que Puesto Pozo Cercado ofrece un cuarto del petróleo que sacaban de Chañares Herrados.
Los antiguos dueños eran Héctor Basilio Lapeyrade (poseedor del 75% del capital accionario), Rodolfo Steiner (dueño del 15% de las acciones) y Luis Alfredo Zarattini (que ostentaba el 10% de la empresa).

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