La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).

En el marco del escándalo que involucra a algunos gremios por la detención de varios dirigentes en el marco de casos de corrupción, el sindicalismo continúa en el ojo de la tormenta por dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.

En la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga. Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.

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El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros, según publicó hoy el diario La Nación.

Desde la Justicia ahora deberán determinar si la utilización de las facturas truchas fue “dolosa o culposa” y si la maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero.

“Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado”, indicaron los investigadores a ese diario, en tanto que los gremios se despegaron de las acusaciones y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP.

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El gremio de Carlos Acuña también estaría involucrado en la investigación de la AFIP

En las últimas semanas, el juzgado de Quilmes procesó a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a 12 personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos: mientras que sigue prófugo un integrante de la organización delictiva. Se trata de Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.

En tanto, la causa comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre cercano a Daniel Angelici y por eso fue denominada “caso Guidoccio”. Sin embargo, el contador se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una “confusión”. La Justicia lo separó del caso y puso el foco en quienes le alquilaban oficinas al contador.

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La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes sin la capacidad económica ni administrativa para llevar a cabo ese tipo de operaciones y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.

“Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio”, explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).

Desde el gremio de Moyano también indicaron que desconocían la maniobra y señalaron: “No le dimos trascendencia más allá del aspecto político”.

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