Los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, denunciaron en los tribunales federales de Comodoro Py una violación a la ley de Inteligencia a través de la cuenta de twitter de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según detalla el diario Clarín, se trata de una serie de mensajes enviados a esa red social el jueves 2 y viernes 3 de febrero, en los que, al resumir la semana en la que fue covocada a declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadio en la causa “Los Sauces”, escribió lo siguiente: “El Sr. Arribas citado por el Congreso… dice en Comisión Bicameral de Inteligencia exactamente lo contrario a lo q escribió y firmó el 24 y ratificó Macri el 27 de enero”.
“Revelación de secretos políticos y militares”, dice la carátula provisoria puesta por la Cámara Federal porteña a la denuncia que por sorteo quedó radicada en el juzgado federal penal 5, subrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Ramiro González.
Fuentes judiciales dijeron que Arribas y Majdalani sólo pidieron investigar el hecho y que no acusaron puntualmente a la ex presidenta, aunque sí señalaron su cuenta de Twitter.
Arribas había concurrido al Congreso el 2 de febrero para dar explicaciones ante la comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia por la transferencia de dinero recibido en una cuenta suya desde otra vinculada al Lava Jato brasileño y el escándalo de corrupción alrededor de la empresa constructora Odebrecht.
“Ahora dice que el depósito de 70.495 dólares no fue por el inmueble donde había nacido su hija menor como dijo en comunicado 24/1” sino que fue “por venta de inmuebles sillas y cuadros!!!”, había escrito la ex presidenta en la red social luego de la presentación de Arribas en el Congreso.
“Además reconoció que la escribana que certifico el resumen bancario que presento en el juzgado… es la hermana de su Jefe de Asesores!”, se había difundido también a través del twitter oficial de Cristina Fernández.
El artículo 222 del Código Penal citado por los denunciantes dice que “será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación” y que “en la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto”.
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