La ley demoró 26 años en ser sancionada y tres en poder aplicarse integralmente, lo que muestra claramente los intereses que toca y la resistencia de los grandes grupos concentrados en someterse a los poderes de la Constitución.

Todo el mundo se pregunta qué va a pasar el 7D, cuando en realidad, en cualquier otra democracia, lo que deberían hacer los medios es cuestionar a los grupos que subvierten el orden democrático pretendiendo que las leyes no se apliquen para ellos.

La nueva ley, basada en el Pacto de San José de Costa Rica, consagró a la comunicación como un Derecho Humano básico, y ese fue el mayor cambio que se introdujo en democracia. A parir de allí, se consagraron una serie de derechos e instituciones que se han puesto en marcha en algunos casos, y en otros, habrá que ponerlos en marcha a la brevedad.

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En el haber de estos tres años encontramos a la propia ley, que incorporó el derecho a la comunicación, estableció la participación de la oposición y de la sociedad civil en los órganos de conducción y control, abrió la participación a los sectores anteriormente prohibidos como cooperativas o la comunicación comunitaria. Creó figuras como el defensor del público, el Consejo Federal y el Consejo Asesor de la Niñez.

En materia de contenidos apuntó a la producción propia, nacional y local, en defensa de la diversidad cultural y, como otra cara de la misma moneda del derecho a la comunicación, repuso cláusulas antimonopólicas en garantía de la pluralidad.

Pero también hay que contabilizar como uno de los cambios más dinámicos y democráticos el desarrollo de la TDA, que incorporó a casi el 75% de la población a la posibilidad de acceder a canales gratuitos, de altísima calidad. La creación del Bacua, banco de contenidos , altamente federal y que destinó 300 millones de pesos en tres años para la producción de ficción y documentales en todo el país y de manera gratuita para el sector público.

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En el debe, en el que se está trabajando intensamente, está el llamado a licitación de nuevas señales de TV , cables y de radio que garantice efectivamente la pluralidad y la diversidad e incorpore a los actores relegados por los decretos de la dictadura.

El 7D es una oportunidad, quizás única y definitiva para aplicar íntegramente el espíritu de la ley y democratizar el acceso a la palabra.
El fallo de la Corte no sólo puso fecha de vencimiento a la estrategia del Grupo Clarín de dilatar por años la resolución de un pleito que sabe que le es desfavorable, sino que claramente establece que los plazos están vencidos para todos los que se tienen que adecuar y fundamentalmente, establece que la libertad de expresión está resguardada.

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La AFSCA tendrá una doble tarea, llevar adelante la tarea de la licitación de licencias y permisos para el ingreso de nuevos actores que garanticen diversidad y pluralidad y hacer cumplir la ley a aquellos grupos que durante años estuvieron acostumbrados a que los gobiernos cambiaran las leyes en sus beneficios.

El 7D no es un problema para un gobierno en particular, porque lo que se pone en juego es la gobernabilidad. La disputa es entre el sistema democrático, quien a través del Congreso sancionó una ley, a la que la Corte avaló y el Ejecutivo reglamentó y las corporaciones, que deben someterse a las instituciones republicanas.

El 7D se va a cumplir la ley, porque hay un Estado, un gobierno y una sociedad dispuestos a consolidar la democracia.

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