Por: Carlos Romero para Tiempo Argentino

Mañana, el juez Humberto de Biase Echeverría tiene un día complicado: a las 8 comienza su audiencia con el Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes. Ya está suspendido y el Consejo de la Magistratura provincial le sigue un proceso que podría terminar con su destitución por mal desempeño en sus funciones. Sucede que De Biase ostenta un récord difícil de superar: en diciembre de 2010, como titular del Juzgado Civil, Comercial, de Menores y Familia de la localidad correntina de Santo Tomé, en un mismo día benefició con medidas cautelares a 17.060 miembros de la Gendarmería Nacional, en acciones de amparo por el reclamo de reajustes salariales. Fue en el marco de apenas cuatro causas superpobladas de actores, presentadas todas con diferencia de pocos minutos y por una misma abogada, que De Biase aprobó con una velocidad digna de ser incluida en los Guinness. A esto se suma el dato de que los gendarmes tenían domicilios en la Capital Federal y otras provincias del país, y que este tipo de demandas contra el Estado Nacional son propias de la justicia federal y exceden a las claras las atribuciones de un juez provincial. De hecho, inmediatamente después de dar lugar a las cautelares, el propio magistrado se declaró incompetente y giró los expedientes para su sorteo, consumando así una maniobra tan efectiva como perjudicial.
Por este motivo, en febrero pasado el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes concluyó que el juez procedió de forma ineficiente y abusando de su cargo, le aplicó una multa del 30% de su sueldo y le ordenó que no resolviera en cuestiones de organismos nacionales.
Si bien estos episodios ocurrieron mucho antes de la reciente protesta de gendarmes y prefectos, están íntimamente ligados y son parte de un mismo conflicto, que quiso presentarse como una cuestión meramente salarial pero que ya en su origen fue propiciado desde un sector de la familia judicial y de las fuerzas de seguridad, en coordinación con un puñado de abogados.
En el caso del suspendido juez De Biase, lo evidente de su comportamiento hizo que a los pocos meses tomara intervención la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Fue el 29 de abril de 2011, a través de un contundente informe del prosecretario Roberto Furnari, que puso en blanco sobre negro lo actuado en Santo Tomé. El resultado fue la acordada N° 8/2011, donde la Cámara, con la firma de sus once miembros, dispuso alertar sobre el irregular modus operandi seguido por el magistrado: ”Tal excepcional situación, así como las particulares circunstancias bajo las cuales fue otorgada en cada expediente la respectiva medida cautelar determina a este tribunal a ponerla en conocimiento tanto del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes como del Consejo de la Magistratura provincial.” También se informó a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades de Gendarmería, así como a los tribunales superiores de justicia provinciales y las cámaras federales del interior del país. ”Existen situaciones análogas a la presentes que, si bien poseen menor número de actores, replican idénticas circunstancias”, argumentaron los camaristas (ver aparte).
El 10 de diciembre de 2010, la abogada Josefa Raquel Milán, del estudio jurídico correntino Serial&Milán, había ingresado al juzgado de De Biase la causa ”Bustamante Arnaldo Andrés y otro C./ En M° Seguridad- GN DTO. 1490/02 S./ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” Con los ”otros” a los que se hace mención en la carátula se totalizaban nada menos que 5870 actores. Ese expediente –N° 6094/2011– ingresó a las 12:39. Un minuto más tarde, a las 12:40, la abogada logró que le aceptaran otra causa de idéntica naturaleza –N°6095/2011–, está vez con 6771 actores. A las 12:41, se repitió la operatoria –expediente N° 6115/2011– para otros 2078 demandantes. Por último, a las 12:42 se sumaron 2341 más –expediente N° 6391/2011–. Para tener una dimensión de los 17.060 gendarmes involucrados, representan más del 50% de los efectivos de una fuerza que tiene cerca de 30 mil miembros. Todos juntos, en cuatro causas, un mismo día, con un mismo juez y una misma abogada. El reclamo también era calcado: se pedía a la cúpula de la Gendarmería que los suplementos salariales exigidos fueran incorporados en un 100% al concepto ”sueldo” como remunerativos y bonificables.
La presentación realizada aquel viernes al mediodía por Milán fue aceptada el lunes siguiente por De Biase en los cuatro expedientes. Un trámite sumarísimo, habida cuenta de la legión de actores en cuestión. En concreto, el juez ordenó al director nacional de Gendarmería que aplicará lo dispuesto en las cautelares, para lo cual el área de Contaduría de la fuerza debía efectuar las reservas presupuestarias necesarias. Acto seguido, el magistrado se declaró incompetente y remitió los expedientes para el sorteo en su ámbito natural. Meses después, recayeron en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal números 2, 5, 7 y 8.
En el informe del prosecretario de Cámara Furnari también se remarcó que ”no se dio acabado cumplimiento con los requisitos establecidos en las Acordadas 7/94 y 13/05 del Tribunal (…) respecto de los datos que deben obligatoriamente aportar los actores al momento de ingreso de las demandas”. El resultado fue un atasco judicial: ”Generó, dada la gran cantidad de actores, que la tarea de carga de datos tuviera una demora mayor a la habitual.”
Estas circunstancias serán las que mañana tratará de explicar, si es que es posible, De Biase ante el Jurado de Enjuiciamiento correntino. En mayo de este año, por razones idénticas, ese jury ya destituyó a otra jueza de Santo Tomé, Graciela Beatriz Duarte, que también supo ser generosa y veloz a la hora de otorgar cautelares a miles de miembros de las fuerzas de seguridad.«

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una jueza destituida por la misma práctica

El mismo proceso de enjuiciamiento al que está siendo sometido el juez Humberto De Biase Echeverría ya lo experimentó su colega Graciela Beatriz Duarte, antigua titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé. Duarte fue destituida en mayo pasado por ”mal desempeño de sus funciones”, y por tres años no podrá ocupar cargos públicos. Fue luego de que se conociera la gran cantidad de medidas cautelares que desde 2009 había otorgado contra el Estado Nacional y en favor de miembros de la Gendarmería y la Prefectura Naval, que exigían recomposiciones salariales.
Como en el caso de De Biase, aquí también hubo un libreto repetido: multiplicidad de actores por causa, uniformados con domicilios en distintas provincias, trámites veloces y la posterior declaración de incompetencia del magistrado. Asimismo, se repiten los nombres de algunos abogados, como el de Josefa Raquel Milán y su esposo, Amílcar Nelson Serial.
De acuerdo a información de la Procuración General de la Nación, el estudio Serial&Milán aparece ligado a un caso similar ocurrido en un juzgado de la localidad formoseña de El Colorado. Desde el Ministerio Público correntino vincularon a Amílcar Serial con amparos por ajustes salariales obtenidos en Formosa en favor de más de 11 mil uniformados.
La ola de cautelares también tuvo ejemplos en Ríos Gallegos, Santa Cruz, y en Sáenz Peña, provincia de Chaco, donde el juez subrogante que las concedía renunció mientras se analizaba llevarlo a juicio.

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denuncia contra un juez formoseño

Las secuelas de la denuncia por la presunta ”industria del juicio” realizada por el gobierno nacional con respecto a las protestas de gendarmes y prefectos incluyen el inicio de una investigación contra Jorge Zaracho, juez subrogante del juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores de la localidad formoseña de El Colorado por haber otorgado ”a principios de este año cerca de medio centenar de medidas cautelares de orden remunerativo que beneficiaron a 11 mil gendarmes”.
La denuncia fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante la justicia formoseña, mientras que el Tribunal Superior de Justicia provincial, paralelamente, puso en marcha un mecanismo de investigación por medio del cual inició ”un sumario administrativo interno” y, a su vez, ”la formación de un jury de enjuiciamiento”. ”Ambos procesos están avanzados y a punto de ingresar a su fase definitoria”, explicaron desde el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. A principios de 2012 en el juzgado que subroga Zaracho ”se presentaron 43 recursos de amparos reclamando a Nación que abone a 11 mil gendarmes sus haberes y los adicionales que hoy son materia de controversia”.

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