Por: Ana Vainman

El proyecto que regula las medidas cautelares contra el Estado y que se enmarca en la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo ya es ley. El martes comenzó a regir a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Se espera que en breve también empiece a regir la norma que crea las nuevas cámaras de casación en tres fueros: en lo Contencioso Administrativo, en lo Civil y Comercial y del Trabajo y de la Seguridad Social. No son pocas las objeciones que surgieron contra estas dos leyes. Y, a pesar de que el movimiento obrero está atomizado por estos días, hay coincidencia en torno a que estas medidas no beneficiarán sino que perjudicarán a los trabajadores activos y pasivos.

La limitación al derecho de huelga en la ley que restringe las medidas cautelares contra el Estado, y la dilatación de los tiempos judiciales para trabajadores y jubilados con la creación de la Cámara de Casación del Trabajo y la Seguridad Social llegarán tarde o temprano y son las principales preocupaciones de distintos sectores.

La más reciente objeción que llegó en contra de las cautelares vino desde las Naciones Unidas (ONU). La Relatora especial de ese organismo sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, exhortó al Gobierno a que reconsidere la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, pero también la de la regulación de las cautelares. Según esta advertencia –que fue vista con ”desagrado” y ”malestar” y considerada ”parcial”, ”inusitada” e ”improcedente” por el Gobierno– ”las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”.

Pero las observaciones sobre lo que podría implicar la limitación a las medidas cautelares ya había sido advertida desde varios sectores –incluido el movimiento obrero– antes de que el proyecto se convirtiera en ley. La CGT de Hugo Moyano había objetado la limitación a las cautelares y en especial el artículo 17 de esa iniciativa, que se refiere a los Servicios Públicos Esenciales. Los diputados del Frente para la Victoria, Facundo Moyano y Omar Plaini, que al mismo tiempo integran la CGT moyanista, votaron en contra del paquete de medidas para reformar la Justicia. En base a sus fundamentos se elaboró un documento que explica que si bien fue positiva la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no se alcanzó a proteger a los trabajadores en las restricciones para imponer medidas cautelares.

La ley limita a un máximo de seis meses las cautelares contra el Estado, pero se excluyen de esta restricción temporal a los ”sectores vulnerables”, en caso de que se encuentre comprometida la vida digna según la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. Según explica ese documento, el CELS había buscado que se incluyeran los casos donde ”se encuentren comprometidos la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria, o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. Pero la fórmula que finalmente se acordó excluye a ”los trabajadores” y a ”los usuarios de servicios públicos”. Moyano y Plaini interpretaron que ”la única suposición de haber exceptuado estos términos es la intencionalidad de utilizar el artilugio legal en contra de esos grupos”, al tiempo que estima que ”sectores vulnerables” es de una ”ambigüedad muy amplia”.
Algo parecido sucede con el artículo 17 de la misma ley. Allí se regulan las medidas cautelares que puede presentar el Estado contra acciones que interrumpan los servicios, en defensa del supuesto interés público. Pero para Plaini y Moyano ”casi cualquier actividad podría ser encuadrada” dentro de esa consideración y advirtieron que entonces podría ”limitarse el derecho de huelga”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los servicios esenciales son ”los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. Pero la expresión ”actividades de interés público” –indicaron los diputados– ”abre la interpretación para limitar medidas de fuerza en muchas actividades” que no son consideradas por la OIT ”servicio esencial”.

Además, si bien en el artículo 17 se exceptúan los ”conflictos laborales”, Plaini y Moyano opinan que el Poder Ejecutivo podría considerar algunas medidas de fuerza sindicales como ”políticas” y entonces declararlas ilegales y aplicar denuncias penales a dirigentes gremiales.

Si bien tanto la CGT moyanista como la que conduce Antonio Caló estimaron que una reforma de la Justicia es necesaria y celebraron algunas de las iniciativas enviadas al Congreso por la presidenta Cristina Fernández, ambas fueron terminantes con las críticas a las restricciones impuestas a las medidas cautelares.

En un comunicado que la central obrera difundió el día antes de que aprobaran los dos proyectos, se aseguró: ”Resulta excesivo el poder que se arroga el Estado en el artículo 17 de la reglamentación del derecho de amparo en relación a los Servicios Públicos esenciales, si bien fue oportuna la reforma introducida en relación a los conflictos laborales, creemos que el texto es perfectible”.
Pero las críticas no llegaron solo para las medidas cautelares, sino también por la creación de la Cámara de Casación de Seguridad Social y del Trabajo. La CGT Caló estimó que ”una medida de esta naturaleza puede adoptarse sólo en el marco de una reforma integral del régimen procesal, de modo tal que tienda a agilizar los procesos y no a dilatarlos”.

”La creación de una nueva instancia judicial tendría como primer efecto la retardación del dictado de sentencias definitivas en los procesos laborales y de la seguridad social, afectando directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos en litigio”, añadieron.
Como si hubieran sido asesorados por los mismos especialistas, la CGT Azopardo consideró que la cámara de casación implica ”una nueva instancia burocrática, demorando aún más los procesos judiciales porque se alargarían aún más los tiempos procesales para arribar a una solución definitiva, en fueros donde los más perjudicados son los trabajadores que sufren algún abuso o algún accidente de trabajo”.
En la misma línea con lo sostenido por ambas CGT, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, indicó que la cámara ”incorporaría un paso más por el que tiene que atravesar el jubilado para llegar a la sentencia definitiva. Hoy ya tienen que pasar por el reclamo administrativo, el juzgado de primera instancia, cámara federal y, si se presentó recurso extraordinario, la Corte Suprema. Después de obtener la sentencia, el jubilado debe también esperar la ejecución de la sentencia. Este proceso dura entre seis y ocho años promedio. Si a estos cinco pasos, se le suma uno más con la cámara de casación, quién sabe cuánto tiempo más significará esa nueva instancia.

Si el fin de la reforma es agilizar la Justicia, una alternativa a la creación de las cámaras sería crear mayor cantidad de juzgados de primera instancia, lo que descomprimiría la cantidad de causas que existen en cada uno de los juzgados.

Ocurre que tanto en el fuero laboral como en el de la seguridad social hay un aumento exponencial de la cantidad de juicios iniciados por año. En la Justicia Nacional del Trabajo, hasta no hace mucho ingresaban cerca de 20 mil causas anuales, pero hoy ingresan alrededor de 60 mil. En el fuero de la Seguridad Social la situación es aún peor porque hay un colapso del sistema. La cantidad de juicios que se inicia es mucho mayor a las sentencias. Por ejemplo, durante 2012 hubo un promedio de 8000 juicios iniciados por mes, mientras que sólo se pagaron 2000 sentencias mensuales.

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