¿Servicio? ¿Cívico? ¿Voluntario?

por Emilio Vera Da Souza

Cuando se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, cada vez más voces comienzan por tratar de convencer a los votantes de que es necesario hacer algo por la seguridad.
Así se inicia una carrera imparable con planteos más cercanos a la fantasía que a la realidad, sin fundamentos serios y con escaso o nulo rigor científico.
Para muestra, docenas y docenas de botones: chorros matados a palos, linchados por vecinos indignados sedientos de sangre, cámaras por todas partes, presencia de Gendarmería y fuerzas de defensa en áreas urbanas, cambios en las tipificaciones de delitos, códigos de faltas que endurecen penas o penalizan conductas que antes eran derechos civiles, marchas de víctimas de delitos pidiendo penas de muerte como sinónimo de justicia y ríos de tintas en la prensa canalla, que no sirven para bajar las estadísticas de delitos contra la propiedad y la violencia contra las personas.
Varios líderes políticos de casi todas las doctrinas plantean con más insistencia la necesidad de medidas más severas para “combatir el delito y la inseguridad”.
En esta oportunidad el gobierno nacional, con el apoyo de algunas provincias, se adelantó a las promesas y en forma inconsulta desde el ministerio de seguridad se plantea el clásico bianual: servicio cívico voluntario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fueron los encargados de explicar los detalles del nuevo Servicio Cívico Voluntario, una colimba “voluntaria” en manos de Gendarmería.
Los funcionarios se encargaron de confirmar el carácter regresivo de la iniciativa. “Es para los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle y no están estudiando, que han abandonado el secundario”, fueron las palabras del ministro de Educación.
“El objetivo principal es adentrar a los chicos y jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores, el valor de la disciplina, van a saludar a la bandera todas las mañanas. Habrá talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y talleres de oficios que le va a permitir a los jóvenes encontrar una orientación”, explicó Bullrich
Para los “jóvenes en riesgo social” el Servicio Cívico Voluntario es jóvenes de 16 a 20 años en situación de vulnerabilidad social sean contenidos en las unidades militares.
En los fundamentos se plantea como antecedente la experiencia de Mendoza.
Se encuentra vigente en Argentina el protocolo sobre “Protección de los niños en conflictos armados”, protocolo que se opone, en principio, a cualquier actividad que se desarrolle dentro de los cuarteles.
Entonces ¿por qué pensar en políticas públicas que se desarrollen dentro de los cuarteles y no utilizar los espacios donde los chicos podrían participar como la historia nos lo muestra?
La escuela, el barrio, los clubes y las asociaciones, los centros comunitarios, las universidades, ¿no son lugares más “amigos” de los jóvenes que los cuarteles?
Con la capacitación para el uso de armas se promueve lo contrario.
La Convención sobre los Derechos del Niño plantea que no podrán manipular armas. Esos protocolos y convenciones están en la Constitución desde 1994.
El Servicio Cívico Voluntario, que tiene bastante de servicio, poco de cívico y casi nada de voluntario, alejaría a las Fuerzas de Seguridad de su misión específica.
La capacitación en algún oficio para la reincorporación en el mercado laboral es uno de los objetivos del Servicio Civil Voluntario.
Especialistas analizaron los efectos del Servicio Militar Obligatorio, suprimido hace tres lustros. Indican que entre ex soldados hay “mayores tasas de delito”, con “un mayor conocimiento del manejo de armas” y con “ciertos contenidos de la formación militar que llevaba a una mayor cercanía con el uso de la fuerza para la resolución de conflictos y problemas”.
Este plan para “jóvenes en riesgo” no indica a qué se refieren con la situación de “riesgo”. Por lo tanto podría ser cualquier cosa: riesgo físico, mental, frente a catástrofes, riesgo sísmico o social. La lista podría ser interminable. Ninguna organización civil ni el Congreso fueron consultados.
Varios fundamentaron este plan en el convenio firmado en 2005 por el ministro de Defensa José Pampuro, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y el Gobierno de Mendoza.
Ese año ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 entraron 187 y finalizaron 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58.
Este rendimiento declinante fue por “la falta de adaptación a la convivencia, al grado de inasistencias, a la falta de adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”, según el informe oficial del Ejército.
Varios funcionarios y “periodistas” hablan de la experiencia mendocina durante el gobierno de Julio Cleto Cobos y a cargo de su esposa de ese entonces, como exitosa.
Muchos, por distintos motivos, critican a las fuerzas armadas por su rol en la historia lejana y reciente de nuestro país.
Una manera de actualizar estas posiciones es adjudicarles un rol acorde al devenir democrático y a la situación contemporánea.
Si queremos fuerzas armadas y de seguridad, tienen que ser altamente profesionalizadas, con apego a las leyes y para protección y defensa de los ciudadanos y la nación.
Los actuales integrantes de las instituciones militares y de seguridad no se forman para cuidado de adolescentes y jóvenes, para su educación, ni para alejarlos del delito ni del “riesgo social”.
Para eso hay otras instituciones especializadas. Se llaman escuelas, colegios, facultades y universidades, clubes. También hay otros lugares dedicados especialmente a la educación social, las artes, las ciencias, los oficios, la tecnología, el desarrollo, el trabajo, la cultura y la formación espiritual y emocional. Allí tienen que estar los jóvenes.
Quien escribe estas líneas intenta llamar a la reflexión de los lectores, a tener en cuenta las consecuencias del avance de una política de estas características y plantear con fundamentos lo que significan los derechos civiles y ciudadanos dentro de la democracia y en libertad.

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