Gobierno títere en una provincia militarizada

El 9 de febrero, domingo de carnaval, la provincia de Tucumán fue ocupada militarmente por tropas del Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de la Provincia. Con ellos llegaron centenares de especialistas de ‘Inteligencia’, que jugarían un papel estelar en la represión que se iniciaba.

Al frente del llamado Operativo Independencia estaba el flamante comandante de la Quinta Brigada, general Acdel Vilas. Quienes iban a ser los jefes de este operativo (generales Salgado y Muñoz) murieron el 5 de enero en un accidente de aviación. Vilas fue designado en su reemplazo por su pertenencia al peronismo y su estrecha relación con el hombre fuerte del gobierno, José López Rega.

Desde el inicio del Operativo, Vilas se transformó en el verdadero poder de la provincia, donde un gobierno títere encabezado por el peronista Amado Juri toleró desplantes que llegaron a la humillación e hizo la vista gorda frente a los atropellos. Además, aplaudió a rabiar el accionar ‘heroico’ de los militares que desde ese día secuestraron, torturaron, asesinaron, violaron y robaron a pobladores del campo y la ciudad en total indefensión.

Vilas desplegó cuatro fuerzas de tareas en la zona de operaciones, con 1.500 hombres que en poco tiempo superaron los 5.000. Sin embargo, el trabajo sucio lo ejecutó otra fuerza de tareas asentada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, compuesta por militares, policías provinciales y federales. Esta patota, responsable de la mayoría de los secuestros en la capital provincial y sus alrededores, era coordinada y dirigida por oficiales que dependían directamente del Comando de la Quinta Brigada. Otra patota de policías provinciales tuvo sede en Concepción y operó con igual grado de criminalidad que sus colegas de la ciudad. A su vez, los efectivos de Gendarmería fueron destinados a la vigilancia y la represión en los poblados de la zona rural.

Una guerra que no fue

Durante el Operativo Independencia no hubo combates. A lo sumo se puede hablar de algunas escaramuzas, en las cuales los factores preponderantes fueron la confusión y el miedo. A raiz de ello varios muertos de las tropas legales no lo fueron por el accionar de guerrilleros, sino por las balas de sus propios camaradas, perdidos y asustados en medio de la selva subtropical. La mitad de los pocos muertos de las fuerzas legales fueron víctimas de accidentes de aviación.

Los máximos protagonistas reconocen que solo pueden hablar de dos enfrentamientos de alguna importancia: Manchalá y San Gabriel. En el primero, una columna de insurgentes se topó, mientras marchaba para atacar el comando de Vilas, con soldados pintando una escuela. Sorprendidos y confundidos, huyeron después de un intercambio de disparos. En el arroyo San Gabriel, una docena de guerrilleros fueron matados sin piedad con fuego de helicópteros artillados después de ser descubiertos en medio de un cañaveral, en plena llanura, mientras esperaban su aprovisionamiento.

El jefe de la Inteligencia militar durante el Operativo, coronel Eusebio González Breard, admitió que ‘contrariamente a lo que se supone, la lucha en Tucumán se definió en la ciudad y no en el monte’. Por su parte, Acdel Vilas, en un libro que el Ejército impidió su publicación y que es una verdadera confesión criminal, afirmó que ‘a través del empleo de tropas escogidas y entrenadas para operativos irregulares, se logró la victoria más importante de cuantas se obtuvieron en el año que permanecí en Tucumán: revertir y transferir el temor de la propia tropa a la subversión, con el agravante, para ésta, que el temor devino terror ante la celeridad, eficiencia y dureza del Ejército’.

Vilas confesó que no fue a Tucumán a combatir la guerrilla, sino ‘la subversión’. Y en su delirio, consideraba que ‘la guerra a la cual nos veíamos enfrentados era eminentemente cultural’ y ‘de nada valía comandar tropas en la selva, mientras no tuviésemos claro el problema psicopolítico’.

Las víctimas de Vilas fueron los obreros y estudiantes díscolos, los profesores universitarios a los que consideraba ideólogos de la subversión, los abogados a los que odiaba porque pretendían que se respetaran los derechos de los ciudadanos, los ‘elementos disolventes: psicoanalistas, psiquiatras, freudianos, etc.’, según lo escribió en su libro.

El campo de concentración, creación del Operativo

La máxima creación de Vilas fue el campo de concentración. Llamado en lenguaje militar Lugar de Reunión de Detenidos (LRD), el primero y más importante funcionó en la Escuela Diego de Rojas, en las afueras de Famaillá. Por allí pasaron alrededor de 2.000 secuestrados por las fuerzas de tareas del Operativo. La mayoría no sobrevivió. Fueron sometidos a las más crueles torturas, asesinados y desaparecidos.

La custodia de los desaparecidos corrió por cuenta de los efectivos de la Gendarmería. Su secuestro lo ejecutaron patotas integradas por militares y policías. Las torturas (‘sistemáticos interrogatorios’ en palabras de Vilas) eran aplicadas por los oficiales de la Inteligencia militar.

Simultáneamente con la ‘Escuelita de Famaillá’, funcionaron campos de concentración en todas las bases militares donde se asentaron las fuerzas de tareas del Operativo. Casi no hubo militares destinados en Tucumán que no hayan participado en las atrocidades que se cometieron contra el pueblo indefenso.

El pacto de sangre

Al mes de iniciado el Operativo Independencia se puso en marcha el ‘pacto de sangre’ ideado por el comandante del Tercer Cuerpo del cual dependía Vilas, el general Luciano Benjamín Menéndez. Desde el 9 de marzo comenzaron a llegar a Tucumán cuadros de todas las guarniciones del país ‘en un proceso de relevos tendiente a que la mayor parte de los efectivos del arma pasara por la zona de operaciones. Cada treinta días -dice Vilas- había relevos de 17 oficiales subalternos y unos 50 suboficiales, los cuales (…) eran distribuidos en las fuerzas de tareas’. ‘En cuanto a los jefes -revela Vilas- al cabo de un mes llegaban siete u ocho mayores o tenientes coroneles nuevos’. Además, la tropa que componía las fuerzas de tareas era relevada cada treinta días, lo mismo que los escuadrones de Gendarmería y Policía Federal.

Vilas reconoció que dejó de lado las normas legales, éticas y morales para reprimir al movimiento popular tucumano . ‘Hubo que olvidar por un instante -un instante que se prolongó diez meses- las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra’ afirmó, y se enorgulleció de haber empleado ‘métodos no convencionales’. Al respecto, dijo que ‘los grupos especiales salían a operar día y noche, procediendo a ejecutar o capturar al oponente’. Afirmó que era un ‘mito del enemigo lo referido a su capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico: tarde o temprano su capacidad se agota y termina quebrándose’, vanagloriándose de haber martirizado a ciudadanos indefensos, atados a un elástico de cama, al cual se aplicaba la picana, se flagelaba, se violaba. Finalmente, Vilas afirmó que ‘es falso de toda falsedad que los hombres encargados de tomar declaración, empleando muchas veces métodos no convencionales, quedasen traumatizados o con psicosis de guerra’. La realidad, treinta años después, indica que pasó todo lo contrario: el propio Vilas debió ser internado en una institución para enfermos mentales. De los oficiales a su cargo durante el Operativo, muchos quedaron con secuelas psicológicas graves y no fueron pocos los casos de suicidios.

Bussi, ‘el loco jardinero’

Vilas se fue derrotado políticamente, despreciado por sus jefes directos -Menéndez y Videla- a mediados de diciembre de 1975. En su reemplazo llegó Antonio Domingo Bussi. A la semana de hacerse cargo del Operativo, Bussi llamó a Vilas para decirle ‘general, usted no me ha dejado nada por hacer’.

Antes de irse de Tucumán, Vilas afirmó que la ‘subversión’ había sido completamente derrotada. Sin embargo, Bussi perfeccionó la criminalidad desbordada de las hordas de Vilas. Creó nuevos campos de concentración y uno de exterminio, construido a imagen y semejanza de los campos de los nazis, con alambrada de púas perimetral, torres de vigilancia, barracas para prisioneros y terrenos para fusilamientos. Funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Allí Bussi mató a Ana Corral, de 16 años, de un balazo en la nuca. Allí sus oficiales disparaban después de él, sellando el pacto de sangre, en un rito de cobardes asesinando a prisioneros indefensos.

A los tres meses de hacerse cargo del Operativo, el golpe de estado entronizó a Bussi en la gobernación de la provincia. Tenía todo el poder, era gobernador, comandante de la Quinta Brigada de Infantería y jefe del Operativo Independencia.

A los pocos días los tucumanos se enteraron que le decían ‘el loco jardinero’, sobrenombre que le habían puesto sus propios camaradas cuando siendo jefe de regimientos de infantería se preocupaba más por las plantas y las flores que por la preparación para el combate. En Tucumán, además de las plantitas y las florcitas, su obra de gobierno se caracterizó por hacer pintar de celeste y blanco todos los tanques de agua. Y por obligar a detenerse y en posición marcial rendir homenaje a la bandera a todos los transeúntes que osaban cruzar la Plaza Independencia a la hora de Aurora.

Ahora los tucumanos intuyen que también se dedicó a robar. Para ello tuvo la complicidad de los industriales azucareros, los grandes cañeros, la burguesía asustada que aplaudió los crímenes. Le aportaron en el Fondo Patriótico Azucarero cifras millonarias que manejó a discreción sin ningún control. Suponen que allí está el origen de las cuentas secretas que se le descubrió en Suiza.

El balance del Operativo

Recién hoy se están conociendo las cifras verdaderas de los crímenes cometidos por los militares del Operativo Independencia. Ya casi nadie duda que en la más pequeña de las provincias argentinas los militares, gendarmes y policías, asesinaron a más de dos mil personas. Es que recién ahora, con el impulso que el actual gobierno nacional dio al tema, centenares de tucumanos están animándose a testimoniar. ‘La causa de esta circusnstancia -decía la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos durante ese período- es atribuible a los resabios del espanto y el terror sembrados entre la población, en los años en que campeó la represión desmedida’.

Como ya lo señalara la Comisión Bicameral, los militares ‘orientaron su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles’. La mayoría de las víctimas fueron obreros de la industria azucarera, peladores de caña, jornaleros, pequeños almaceneros, carniceros y estudiantes. La Universidad de Tucumán registra el mayor porcentaje de desaparecidos de todo el país. Nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública. Se fraguaron decenas de combates con cadáveres de jóvenes que habían sido detenidos varios días antes, torturados y asesinados. La inmensa mayoría de los operativos se llevaron a cabo de noche, con zonas liberadas, decenas de hombres armados hasta los dientes y encapuchados, las luces del alumbrado público cortadas. La proporción de ‘valientes combatientes’ contra ‘peligrosos subversivos’ en cada allanamiento o detención en la calle, era de 15 o 20 a uno. Además, ese uno siempre estuvo desarmado.

Vilas y Bussi comandaron una horda de criminales, ladrones y violadores. Nunca participaron de combate alguno, simplemente fueron represores de un pueblo valiente y combativo que durante décadas se había animado a luchar contra un orden injusto.

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