Entonces, uno se pregunta: ¿La inflación se da porque los precios suben o los precios suben “porque hay inflación”?

Y si la cuestión se plantea a partir de la ínfima realidad de una cochera perdida en el Gran Mendoza, ¿cuál será el secreto que explique la suba de los precios en las grandes cadenas de valor y en el ilimitado mercado de los bienes y servicios de consumo masivo?

Es que si hay algo opaco e inasible en la actividad económica tal como la conocemos es, precisamente, el mecanismo mediante el cual se fijan los precios. Y, sobre todo, quiénes son los protagonistas de la fijación de los precios. En la jerga económico-mediática se los designa como “formadores de precios”, pero de ahí para abajo, ninguna precisión adicional.

Tradicionalmente, y en la Vulgata convencional, se explica el tortuoso proceso de formación de los precios con la simplista fórmula acuñada por el venerable Adam Smith: ante un aumento de la demanda de productos y servicios, los que los ofrecen tienden a aumentar los precios para obtener un mayor beneficio, lo cual actúa como un freno de la demanda, hasta que se llega a un nuevo equilibrio.

Así es cómo, apenas en el país se registra un crecimiento de la demanda, que indica un mejoramiento de la situación del conjunto de la sociedad, aparecen las voces de alerta. ¡Cuidado! Si se alienta demasiado la demanda, se pueden desbocar los precios. O sea, el adolescente está creciendo demasiado rápido… hay que cortarle las piernas…

Los que alertan son los mismos que tienen en su poder la facultad de fijar los precios. Y lo hacen como si estuvieran sometidos a una ley inexorable, como si no tuvieran libertad de decisión a la hora de fijar los precios. Es una curiosa forma de interpretar la racionalidad: responden a los mayores requerimientos de la sociedad, no con una producción mayor, sino desalentando la demanda, lo que incluso conspira contra sus propias posibilidades de obtener -en el largo plazo- un mayor beneficio propio.

Porque, precisamente, las medidas que estimulan la demanda lo que pretenden es incluir en el circuito comercial a grandes sectores que hasta el momento no participaban de manera significativa. Y la única forma de conseguir eso es aumentando la oferta mediante nuevas inversiones y no volverlos a excluir aumentando los precios.

Es interesante ver cómo, en distintos países, tanto de los ricos como de los pobres, las respectivas sociedades han creado organizaciones de Defensa del Consumidor. Por algo será, ¿no? Si los consumidores necesitan “defenderse”, será porque alguien los “ataca” o, por lo menos, ellos se sienten “atacados”. ¿Dónde queda la “seguridad jurídica” de esas masas de consumidores si están sometidos a la amenaza permanente del aumento de los precios como si se tratara de una ley de la naturaleza como la gravedad? ¿Dónde queda el respeto a su propiedad privada, que son sus escasos recursos? ¿Quién los defiende del robo-hormiga persistente y anónimo de esos centavos que día a día se van sumando imperceptiblemente a los precios?

Hasta ahora, sólo un bocón se ha atrevido a blanquear la forma en que se manejan los “formadores de precios”: “El que quiera comer lomo, que lo pague a 80 pesos el kilo”. Los demás se mantienen siempre lejos de luces y micrófonos, ocultos detrás de las bambalinas de una supuesta racionalidad económica o de rebuscados argumentos lastimeros.

En la Argentina existe, por ley, el Consejo Nacional de Salario -integrado por trabajadores, empresarios y Estado-, que después de haber estado archivado durante más de una década, ha vuelto a tener vigencia. Y está bien. Porque, en realidad, lo que está haciendo ese Consejo es fijar el precio del principal componente de la actividad económica, que es el trabajo humano.

Pero, ¿qué pasa con los precios de los demás componentes de la actividad económica? Si quedan librados a la bartola de la discrecionalidad de un sector, se diluye la incidencia de lo que dictamina el Consejo del Salario.

Por eso, la propuesta es que se constituya, por ley, como corresponde, un Consejo Nacional de Precios, en el que estén representados los consumidores y usuarios a través de sus respectivas organizaciones, consolidadas y representativas; los “formadores de precios” debidamente identificados, y el Estado como árbitro y garante de los acuerdos.

Así como el Consejo del Salario establece, normalmente, el “piso” de las remuneraciones, a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Consejo Nacional de Precios podría establecer el “techo” o Precio Máximo de una serie de productos y servicios que son esenciales para la población, y así se podría ir estrechando la “brecha de desigualdad” que tanto nos preocupa a todos.

Para justificar eventuales modificaciones de precios, allí deberán transparentarse estructuras de costos de producción, beneficios de intermediación, márgenes y tasas de ganancia de cada integrante en todo el circuito económico. Dice la Constitución que los consumidores y usuarios tienen derecho a “información veraz y adecuada”…

Estoy seguro que semejante propuesta recibirá la sonrisa despectiva de los cultores de la “racionalidad económica” y las objeciones de muchos otros respecto de su practicabilidad, como algo imposible e impensable. Bueno, hace un siglo, también parecía impracticable, imposible e impensable la jornada laboral de ocho horas.

 

* Periodista

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