Es muy alentador avanzar en la democratización del Poder Judicial. La corporación que lo ocupa hace tiempo seguramente tenderá a que nada se modifique y a mantener ese lugar de privilegio que históricamente ha tenido, incluso respecto de los otros dos poderes del Estado. Se trata de un Poder que se legitima a sí mismo al dictar acordadas que le permiten no cumplir la ley que concomitantemente aplican a otros, como en el caso de la negativa al pago del Impuesto a las Ganancias. No voy aquí a aclarar que son algunos jueces, que no son todos. No es un problema de personas. Es un problema de sistema que deja agujeros por donde, sin violar formalmente la ley, pueden cometerse todo tipo de injusticias, muchas veces irreparables.

A veces se pierde de vista que las estructuras del Estado son una forma de organización que funcionan por delegación de facultades que el pueblo (soberano) ha hecho y que le son originariamente propias. Quien delega las funciones tiene la potestad de reasumirlas dentro del marco constitucional que él mismo se ha puesto para garantizar la convivencia social, en ejercicio de un derecho humano básico como es la participación ciudadana. En un sistema democrático que se precie de tal, siempre debe primar la voluntad popular, para lo cual tienen que existir instrumentos aptos para que se exprese. Acercar el poder de decisión a la ciudadanía es sano para el ciudadano y para el Poder. Si la división de poderes no es ni más ni menos que la delegación que el pueblo hace de facultades que le son propias es absolutamente legítimo que ese pueblo recobre parte de esas facultades, como con claridad lo es la de intervenir, mediante mecanismos democráticos, en la designación de sus jueces.

Con más o menos aciertos y tropiezos en su accionar, los poderes ejecutivos y legislativos siempre están sujetos a esa voluntad popular ejercida a veces con presión, con reclamos sostenidos, con medidas de fuerza, incluso con premios y castigos mediante el sistema electoral. Se trata de dinámicas propias del marco constitucional que producen ajustes de políticas e incluso de conductas en quienes ejercen dichos poderes, generando en última instancia el cambio de funcionarios y/o gobiernos.

El único poder sobre el que el pueblo queda indefenso y atado de manos es el Poder Judicial. Un poder que le es inasible, inaccesible. El ciudadano común no sabe en muchos casos siquiera cómo funciona, pero lo que sí sabe es que de él emanan decisiones que lo afectan, que resultan muchas veces en injusticias, ante las cuales no puede hacer nada. El ciudadano no tiene ninguna injerencia en el funcionamiento, designación, sanción y control de la actividad judicial en general. Se encuentra impotente frente a un poder que puede impartir justicia e injusticia, y que aun dentro de los márgenes de la ley puede ser arbitrario. Debe contentarse en algunas ocasiones con marchar junto a otros prendiendo una vela, no se sabe bien si para conmover a la Justicia o para invocar a la acción divina.

La posibilidad cierta de ampliar la esfera de libertad de los ciudadanos mediante la participación directa en la toma de más decisiones –como es el caso de la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura– es una medida que fortalece y profundiza el sistema democrático. Desde su fundación hace ya casi 30 años, el Partido Humanista ha denunciado que el Poder Judicial es el único poder no democrático. Por eso considero que en el camino de humanización de la Justicia, es imprescindible dar pasos firmes en la democratización del Poder Judicial. Por otro lado, si bien no es este el caso, el Humanismo históricamente ha promovido la elección popular de jueces, coincidiendo en este planteo con otras fuerzas de izquierda. De ahí la importancia de concretar la iniciativa que pone en marcha el gobierno nacional, ya que abre las puertas para futuras implementaciones en la misma línea. Porque en las políticas públicas es importante la definición del eje determinante, que es el que orienta los contenidos, la ideología, el hacia dónde, mientras que la implementación puede admitir diversos caminos que son importantes pero que no hacen tambalear el sentido y dirección elegidos.

En esta línea es que para el Humanismo la participación ciudadana es un derecho humano, porque representa el pleno ejercicio de la libertad. No nos asusta la libertad porque no nos asusta el ser humano. Es entonces desde esa perspectiva humanista que analizamos las medidas y propuestas políticas, como las que envió en los últimos días el Poder Ejecutivo al Congreso.

Ojalá a futuro estemos debatiendo una normativa que conceda periódicamente a los ciudadanos la posibilidad de ratificar o no en sus cargos a los jueces, según cómo hayan ejercido su función, ya que con ello también se estaría compartiendo la responsabilidad de las designaciones. En lugar de quedar relegados a marchar pidiendo justicia, sin contar con instrumento alguno en sus manos para poder ejercer un control cierto sobre la actuación de este poder del Estado.

Hoy, el reclamo de Justicia es la expresión de sentir que la ley no es pareja para todos. Aquel dicho popular, ”Hecha la ley hecha la trampa”, ha mostrado vergonzosamente en los últimos tiempos cómo la trampa ha partido del mismo poder que debe aplicar la ley. En este sentido el proyecto de regulación de las medidas cautelares viene a poner freno a la trampa articulada desde ”la ley”.
En cuanto al cuestionamiento sobre si el ciudadano está en condiciones de elegir a sus jueces, remite a las argumentaciones atávicas que rechazaban el sufragio universal consagrado por la Ley Saéz Peña, o más adelante la que acogió el voto femenino, o más recientemente, el voto a los 16 años. Destaco el valor de la presidenta de poner sobre la mesa el tema, al que históricamente nadie se acercó por temor a ser acusado de atentar contra la independencia del Poder Judicial.

El Poder Judicial ganará en independencia cuando rompa el lastre que representan los poderes fácticos operando desde adentro y desde afuera, en detrimento de la política, del país, de su pueblo y, sobre todo, de la Justicia.

(*) Directora General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here