Por: Eduardo Anguita

Christine Lagarde es una economista de la derecha francesa que llegó a ser titular del FMI porque el también francés, pero socialista, Dominique Strauss Khan, fue eyectado de ese puesto. Algún día se sabrá qué pesó más en el cóctel: si su sexopatía o sus discursos en universidades advirtiendo que la crisis financiera internacional no podía ser enfrentada con instrumentos neoliberales. Lagarde hace buena letra con la gran banca privada y con la también derechista Angela Merkel, quien además de canciller de Alemania arbitra las políticas de ajuste que se despliegan en sus socios de la Comunidad Económica Europea. Merkel conduce esta etapa retrógrada del Viejo Continente con un ojo puesto en la Unión Europea y en el Banco Central Europeo y el otro puesto en la Reserva Federal de Estados Unidos y el FMI. Es la primera vez que este organismo financiero –desde su creación en 1945– sale como bombero de los países del Hemisferio Norte. Su objetivo era consolidar la hegemonía de Estados Unidos –y del dólar– en el mundo occidental y disciplinar a las naciones periféricas para disminuir la presencia del Estado como árbitro de inequidades y para afianzar las inversiones y el comercio de las empresas multinacionales.

América latina, el continente con peor coeficiente de deuda externa en los ochenta y noventa, sufrió la presencia de las misiones del FMI y la aplicación de medidas de política económica destinadas a reducir los pocos márgenes de soberanía de sus naciones. En la última década, los procesos de desendeudamiento en la región están asociados a múltiples factores. Dos de gran peso: la decisión política de gobernantes democráticos y una feroz readecuación de los precios de productos primarios fruto de la aparición de nuevos mercados, sobre todo los de Oriente. El FMI quedó sin herramientas para extorsionar. La nostalgia revelada por el diario La Nación en su edición de ayer es reveladora. Esperaban que el directorio del organismo, reunido en Washington el viernes 1º, tomara decisiones fuertes para castigar a la Argentina aduciendo la falta de credibilidad de las cifras del Indec. Recordaban, en las ediciones de los días anteriores, que el 24 de septiembre del año pasado, Lagarde había utilizado un concepto temerario. Si para fines de enero el gobierno argentino no mejora su medición estadística, argumentaba Lagarde, ”le sacaremos tarjeta roja”. Más de un analista económico neoliberal imaginó a la francesa, con su pelo gris cortado a la garçon, vestida de negro y con el pito en la boca, echando a Cristina Fernández de Kirchner del campo de juego con la cabeza gacha. La imagen respondía no solo al deseo de un sector de la sociedad argentina, que piensa como el FMI o como los parlamentarios ingleses o como cualquiera que se oponga desde fuera de las fronteras como una manera de ahogar un poco al Gobierno. Pero Lagarde comunicó que el directorio del FMI había decidido ”una moción de censura”. Es decir, ninguna medida concreta sino una expresión de disgusto, de desagrado. La edición del 25 de septiembre pasado del diario de los Mitre decía: ”Con inusual firmeza, la jefa del organismo, Christine Lagarde, ratificó que el Gobierno tiene tres meses para corregir las cifras del Indec; si no, será sancionado”. Pues bien, la edición de ayer hablaba de modo reiterado de ”una insólita sanción”.

No es que este cronista crea en las cifras del Indec. Para nada. Mucho menos debemos pensar que Lagarde ahora comprendió la transparencia del organismo guiado por Guillermo Moreno. Sucede que el FMI tiene suficientes problemas con su propia incapacidad para contribuir a apagar incendios en España, Italia, Portugal, Grecia y hasta Francia. Castigar a la Argentina, un país que logró reestructurar su deuda y pagar a los acreedores sin ninguna ayuda de organismos multilaterales, sería un muy mal mensaje para los gobiernos europeos que se manejan con grados de incertidumbre desconocidos respecto de cómo enfrentar las cesaciones de pagos y las reestructuraciones de deuda de sus propios Estados.

Irán, Malvinas, Thomas Griesa. La diplomacia argentina anotó viarios puntos en las últimas semanas. El escenario de fondo es interesante: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en la reciente cumbre de Santiago de Chile, concretó el traspaso de la presidencia de manos del derechista Sebastián Piñera al presidente de Cuba, el revolucionario histórico Raúl Castro. Piñera a fines de este año termina su mandato y la socialista Michelle Bachelet empieza a caminar con firmeza para volver al Palacio de la Moneda, la sede presidencial chilena. Castro lidera un proceso de cambios en Cuba, entre los que se destaca la legislación migratoria que posibilitará a los cubanos salir sin restricciones de la isla y suma argumentos para que el resto de las naciones se pongan firmes para terminar con la exclusión de Cuba de la OEA, que podría culminar con el reemplazo de ese organismo panamericano hecho, al igual que el FMI, a medida de las necesidades de Washington. Esta semana, La Habana fue escenario de un encuentro de intelectuales y dirigentes de decenas de países en la III Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Allí estuvo el ex presidente de Brasil, Lula da Silva. Con un discurso impecable en el que detalló las transformaciones sociales y económicas de su país desde 2002, el obrero metalúrgico y líder del Partido dos Trabalhadores dejó claro que el proceso latinoamericano tiene valor porque es en conjunto y porque tiene la posibilidad cierta de romper la hegemonía de Estados Unidos. Rindió un encendido homenaje a Hugo Chávez, a quien le deseó recuperación. Luego se reunió con Fidel y con Raúl. Un gigante como Brasil, donde conviven empresas multinacionales con un gobierno de izquierda, avanza hacia un mundo multipolar y tira sus dardos contra los privilegios financieros y comerciales de un puñado de naciones poderosas.
En ese contexto es que el gobierno de Cristina avanzó en el difícil camino de lograr justicia con las víctimas del atentado a la Amia y a la embajada de Israel. Los acuerdos logrados con Irán permiten que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman puedan realizar diligencias e interrogatorios en la República Islámica de Irán. Este acuerdo no significa resignar la jurisdicción argentina para juzgar los crímenes ni mucho menos es una resignación de soberanía. Estos pasos fueron comunicados a las distintas organizaciones de familiares de víctimas y también a la Amia y a la Daia. En tan sólo una semana, se produjo un avance significativo, que todavía tiene coletazos por las internas que despertó en las organizaciones de la comunidad judía. Desde ya, el gobierno de Israel protestó airadamente. Estos cambios sólo son posibles por una política exterior consecuente y no atada al diseño de Washington. Los opositores locales se limitan a buscar voceros de las organizaciones judías que reclaman más protagonismo en la iniciativa oficial y a condenar a Irán sólo por mostrar su alineamiento. En cuanto a la convocatoria del canciller británico, William Hague, para sentar a Héctor Timerman con representantes de los isleños, sólo es comprensible porque los ingleses todavía tienen una diplomacia colonialista cuando piensan en la Argentina. La soberanía de las islas no se dirime por la presencia de los residentes –ciudadanos británicos ellos– en una mesa tripartita. Lo que reclama la Argentina es lo mismo que pidió a las Naciones Unidas en 1965 y logró una resolución favorable: los dos gobiernos deben sentarse para dialogar y allí la Argentina pondrá sus argumentos –todos– para reclamar soberanía mientras que Gran Bretaña sólo podrá quedar en evidencia como usurpadora de un territorio distante miles de kilómetros de Londres.

Esta semana, la Argentina presentó un nuevo escrito ante el juez de Nueva York Thomas Griesa para rechazar la pretensión de los tenedores de holds outs de cobrar el valor nominal de aquellos títulos en default. Lo interesante de la argumentación argentina es que el texto deja abierta la puerta para un eventual tratamiento en el Congreso de un tercer canje. Es decir, para que estos tenedores de títulos pudieran cobrar un dinero similar a quienes entraron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. El dictamen de Griesa debería ser a fines de este mes y es imposible aventurar la dirección. De allí que las especulaciones de buena parte de la prensa opositora no hacen más que dar espacio a los malos deseos; es decir, a su expectativa de que las arcas argentinas deban darles dólares a especuladores internacionales de la peor calaña.

Frente interno. Si los temas externos se enfriaron bastante, la temperatura de esta semana fue de lo más subido del verano. No hubo un enero rojo como esperaban algunos que cabalgaron sobre los saqueos de fin de año. La Presidenta tomó la iniciativa de fijar un nuevo piso a la cuarta categoría de Ganancias. Ese 20%, dado que en 2012 no hubo reactualización, parece condenado a que tras las paritarias vuelva a dejar a la misma cantidad de asalariados en condición de tributar. Sin embargo, ante un mundo sindical adverso y con la oposición agitando el dólar azul a ocho pesos, parece una jugada de ajedrez que pueda ser continuada por distintas variantes de acuerdo a cómo se comporten otros jugadores. Este año, además de electoral, puede ser también el de avanzar en la reforma política, fiscal, judicial y por qué no constitucional. El kirchnerismo tiene varios temas de agenda social con los que podría ganar puntos. Uno es recuperar la gestión del Estado en los ferrocarriles, que suena fuerte y que tendrá el próximo 22 de febrero una fecha dura por tratarse del primer aniversario de la tragedia de Once. Con respecto al comportamiento de los precios y del dólar, por el contrario, no se ven movidas que mejoren un escenario que no se debe sólo a los afiebrados opositores que, al mismo tiempo, critican la inflación y piden una devaluación o un desdoblamiento del mercado cambiario, como si eso no tuviera consecuencias en los precios internos. El otro tema que el Gobierno no debería desconocer es el de la inseguridad y los entramados corruptos en las filas de las fuerzas de seguridad así como de fiscales, jueces o de otras procedencias corporativas. El recurso de cierto periodismo poco crítico es criticar a la policía santafesina o la metropolitana, solo porque detrás de ellas hay opositores.

 

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