Dos países en uno

Por Mario Rapoport, economista e historiador

Podemos comparar en cierto modo la crisis mundial de 1930 con la actual, con una diferencia. En aquélla se produjo una profunda baja de los precios y de la demanda de productos agrícolas de la Argentina, lo que impactó, lógicamente, en el sector externo que tuvo una balanza comercial netamente deficitaria en 1930 y luego una caída del conjunto del comercio exterior. La crisis mundial actual es diferente de la anterior dado que en este caso lo términos del intercambio son favorables gracias al aumento de los precios de las commodities.

En la evolución de la economía argentina los productos primarios, especialmente los alimentos originados en la región pampeana, desempeñan un papel relevante y constituyen un componente esencial de las exportaciones. Pero cuando el mercado mundial de esos productos está en expansión, aun en plena crisis mundial, y tanto los productores como las agroindustrias reciben el beneficio de precios en alza, la cuestión de los precios internos y externos entra a incidir en el costo de vida de la población.

La experiencia histórica muestra que el Estado argentino tuvo en cuenta muy tempranamente estos movimientos de precios y ha venido interviniendo en el mercado agropecuario incluso desde la presidencia de Mitre, apropiándose de una porción de la producción mediante el sistema de las retenciones. Es decir, que la transferencia de ingresos del sector agropecuario a favor del Estado, con ciertos períodos de excepción, ha sido casi una constante en la historia económica argentina. Pero la profundización de la intervención estatal, que incluyó la regulación de la producción agropecuaria, encuentra sus raíces en las consecuencias que arrojó la crisis de 1929 sobre la economía mundial al provocar una profunda recesión agrícola y una disminución de los intercambios comerciales.

Argentina se vio afectada por este proceso, y los dirigentes de entonces se vieron obligados a tomar algunas iniciativas para paliar la crisis. Es por eso que en 1933 el gobierno conservador, de ideología económica liberal, creó diversos organismos estatales para regular la producción de materias primas, entre los cuales sobresalieron, por su incidencia económica, social y política, la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes. La función de la primera consistía en comprar los granos a un precio básico que cubriese los costos de producción a los agricultores y venderlos gradualmente a los exportadores. Estos precios–sostén se pusieron en vigencia en casi todas las cosechas hasta 1939, y en aquellas operaciones con pérdidas para el organismo se empleaba el margen de cambios. o sea la diferencia que obtenía el Estado al desdoblar el tipo de cambio, comprando a un precio oficial y vendiendo las divisas a un precio mayor.

Pocos años después, durante el gobierno peronista, se creó un nuevo organismo estatal, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), con el fin de regular la comercialización de los productos agrícolas y la importación de bienes esenciales.

El IAPI fue disuelto en 1955 pero las funciones de las demás juntas se reactivaron nuevamente hasta su desaparición en los ’90 durante el mandato de Carlos Menem.

En la actualidad, no existen entidades estatales que regulen o intervengan en la producción o comercialización de la mayoría de los bienes primarios que produce nuestro país. En cambio, se aplican retenciones a varios de esos productos como sucedió en otros períodos del pasado con la finalidad de disminuir la brecha existente entre los precios internos y externos, y evitar la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores argentinos. No obstante, a través de la no liquidación de las divisas resultantes de sus ventas al exterior, el sector agroexportador pretende llevar al gobierno a mayores devaluaciones del peso que lo favorezcan encareciendo aún más sus productos dentro del país. Es necesario, por lo tanto, como lo hizo ese sector en su beneficio en los años ’30, recrear un sistema estatal que pueda comprar, vender y almacenar materias primas o alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Es decir, un organismo autónomo que pueda intervenir en toda la cadena del sistema agroalimentario.

A fin de satisfacer el consumo interno el Estado adquiriría las toneladas de alimentos necesarias, a precios menores que los internacionales, para poder garantizar un precio interno accesible a los bolsillos de los argentinos. Todo ello, en procura de alcanzar acuerdos de precios de alimentos básicos y de ejercer el control de las exportaciones de productos agroalimentarios.

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