El gobierno de los privilegiados en democracias en desarrollo

En la mayoría de las democracias, la gente del mundo de los negocios y los trabajadores de “cuello blanco” son los encargados de las tareas de gobierno, mientras que los trabajadores manuales, los del sector servicios y las personas trabajando en el sector informal casi nunca ocupan cargos públicos. Un vistazo a los datos de América Latina, por ejemplo, subraya la existencia de estas realidades.

Al igual que en la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo, la principal fuerza de trabajo en los países latinoamericanos es la clase obrera. En países menos desarrollados, como Bolivia u Honduras, los trabajadores de clase obrera suponen cerca de un 90% del total de la economía. Incluso en países más desarrollados, como Argentina, más de dos de cada tres ciudadanos tienen puestos relacionados con el sector obrero. En promedio, aproximadamente el 80% de los ciudadanos latinoamericanos trabajan en dicho sector.
Por el contrario, en la típica legislatura latinoamericana únicamente el 10% de los representantes provienen de entornos obreros. En las 18 democracias más grandes de la región, la brecha entre el porcentaje de obreros en la economía y el porcentaje de legisladores con dicho origen es de al menos 60 puntos. Estos trabajadores son la columna vertebral de la economía, pero apenas tienen espacio en los puestos de gobierno.
Los efectos del gobierno de los privilegiados

¿Por qué resulta importante el origen de los legisladores si estos son elegidos de forma justa y existen procedimientos de accountability respecto de sus electores? De hecho, en muchos países los partidos políticos forman coaliciones y los legisladores siguen la disciplina de voto del partido. Pero incluso aunque los partidos y los electores hagan un importante esfuerzo para mantener a los políticos en línea estos aún tienen un amplio margen de maniobra. La mayor parte del trabajo de una legislatura se lleva a cabo de puertas adentro, en escenarios que gran parte de los ciudadanos no llegan a ver nunca. Incluso los partidos que tienen un fuerte control sobre el voto en la cámara suelen dar a los legisladores un margen de libertad a la hora de introducir proyectos de ley que resultan de su interés o de incluir asuntos que resultan relevantes para ellos en la agenda pública.

En estos casos, nuestra investigación muestra que frecuentemente los legisladores basan decisiones discrecionales en sus propias experiencias, puntos de vista y preferencias personales. Al igual que ocurre con los legisladores estadounidenses, las preferencias de los legisladores en países en desarrollo también se encuentran influenciadas por sus experiencias vitales previas. Las encuestas llevadas a cabo en América Latina señalan que los legisladores con origen obrero muestran de una forma consistente una visión más progresista en temas económicos que sus contrapartes con un origen más privilegiado. Igualmente, los legisladores que tenían trabajos de “cuello-blanco” – en especial aquellos que tenían posiciones más privilegiadas en el sector privado – suelen defender puntos de vista más conservadores.

La votación de los proyectos de ley puede que no muestre estas diferencias con claridad, dado que la parte final del proceso legislativo es donde la disciplina de voto y las coaliciones tienen una mayor influencia. A pesar de esto, y fuera de los focos, los legisladores de distintos orígenes tienen a su vez diferentes prioridades.

Por ejemplo, en Argentina, donde los partidos son fuertes, los legisladores tienden a votar en el mismo sentido a pesar de sus clases de origen. Sin embargo, los legisladores que provienen de la clase obrera tienden a presentar proyectos de ley de naturaleza más progresista. Cuidadosas mediciones de la inclinación para presentar proyectos de ley nos permiten, como científicos sociales, estimar con bastante precisión lo que suponen las diferencias de clase a la hora de introducir estos proyectos. En una típica sesión legislativa en Argentina, la falta de legisladores de origen obrero se traduce en que se dejan de presentar aproximadamente unos 50 proyectos de ley con tinte progresista.

La historia vista en Argentina se observa a su vez en muchos otros países. Debido a la mayor presencia de trabajadores de “cuello-blanco” entre los legisladores, existe un mayor número de personas dispuestas a actuar cuando aparece la oportunidad de aprobar políticas conservadoras, preferidas por los ciudadanos más ricos – y por supuesto, menos personas dispuestas a apoyar medidas a favor de los trabajadores cuando surge la cuestión. Tal influencia fuera de los focos significa que, a largo plazo, los intereses y valores de la clase obrera salen perdiendo, sin importar cuan democrático sea el sistema en términos formales.

Encontrando nuevas formas de promover legisladores de clase obrera

Los académicos aún no saben por qué los sistemas democráticos eligen líderes tan privilegiados, o qué es con exactitud lo que mantiene a la clase obrera fuera de los cargos públicos. En este sentido, se están probando muchas hipótesis -explicaciones que van desde sesgos en los votantes, el control del acceso por parte de los partidos, la distribución desigual de los recursos de los candidatos, hasta diferencias en la ambición política y el declive de los sindicatos-. Paralelamente, y a medida que avanza la investigación causal, los reformistas buscan formas de promover la presencia de personas de clase media y trabajadora en la competencia por cargos públicos. Si un mayor número de personas con trabajos medios compitieran en las elecciones, mayor sería el número de aquellos que obtienen un cargo -y sabemos que esto marcará una diferencia en las medidas propuestas y adoptadas por las Cámaras Legislativas-.

Muchos países de América Latina han reformado sus instituciones electorales para promover la representación de mujeres y minorías étnicas. Es el momento para que los encargados de las políticas públicas consideren a su vez la necesidad de una mayor inclusión de las instituciones en términos de clase social. Los defensores de la igualdad política en los Estados Unidos ya están desarrollando programas que fomenten la presencia de más ciudadanos “medios” en la competencia por cargos públicos. Los países latinoamericanos deberían llevar a cabo esfuerzos similares.

por Nicholas Carnes y Noam Lupu

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here