Mendoza vive una situación sin precedentes en el país. Podría ser la primera provincia en llevar a juicio la complicidad de sus funcionarios judiciales con delitos de lesa humanidad. Los siete procesamientos han sido confirmados. Uno de ellos es el de Otilio Romano, quien se escapó como un fugitivo a Chile para eludir ser juzgado por su desempeño en 103 crímenes cometidos entre 1975 y 1976 y además evitar presenciar su juicio político.

El caso de Romano es el más emblemático, no sólo por la calificación jurídica de su causa (se lo considera partícipe primario, es decir, un verdadero garante de la represión ilegal dentro del Poder Judicial) sino también por el desafío que representa, aun cuando haya conseguido huir, dársela de perseguido político en Chile y dilatar los tiempos de su captura, en un nuevo intento por colocarse en el lugar del “intocable”.

 

Lo que su caso representa es el saldo de los años que perdieron las víctimas del terrorismo de Estado representadas por los organismos de derechos humanos pidiendo que de una vez por todas se abrieran las causas contra los represores en Mendoza. Sale a la luz una verdad que incomodaba, aun cuando el ex presidente Néstor Kirchner hubiese puesto al Estado nacional en disposición de llevar a juicio a los responsables de tan graves crímenes. “Con estos jueces ningún militar irá preso”, le dijo el abogado defensor de los derechos humanos Alfredo Guevara (padre) a Néstor Kirchner durante una visita a la provincia, promediando el 2005. Un año después de la orden de reapertura de las mismas causas que se habían abierto a comienzos de la democracia.

 

Y efectivamente, ocurrió así. Para que en Mendoza pudiese llevarse a cabo este tipo de juicios históricos fue necesario remover a los camaristas. Ellos eran el escollo, eran la resistencia activa de la administración de justicia para impartir justicia, en parte por motivos ideológicos pero también por la lógica de los lazos familiares y de amistad que durante años le dio un sentido de pertenencia a la “corporación de los magistrados”.

 

Vínculos. Durante estos últimos años la Justicia Federal mendocina ha hecho gala de desafiar aquello de que cuando hay conflictos de intereses, los jueces deben apartarse de intervenir. Quedará para los anales de la arbitrariedad el caso de Luis Miret. El camarista, ya destituido y procesado junto con Romano, reconoció en un escrito ser amigo personal del general Juan Pablo Saá, responsable de 8ª Brigada de Montaña entre los años 1977 y 1979 y pese a ello, se negó a excusarse en los Juicios por la Verdad. La pretensión de Miret era clara: quería ser él quien llevara a juicio a su amigo porque allí podría ventilar “su” verdad, sin ningún tipo de consecuencia penal para el represor. Un fallo de la Corte Suprema de la Nación estableció que Miret debió apartarse, pero para entonces ya se había declarado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que aquellos juicios por la verdad no tenían sentido alguno.

 

En el 2008, mientras Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Petra conformaban una Sala de la Cámara Federal de Apelaciones, se dio lugar a todas las solicitudes presentadas por los abogados de los represores además de haber resuelto liberar a todos los implicados en casos de torturas y desapariciones. La razón hay que buscarla en la palabra “complicidad”, matizada con el amiguismo corporativo.

 

A fuerza de denuncias y testimonios de víctimas que sobrevivieron y se dieron a recordar cuál había sido el rol de cada cual durante la última dictadura, se supo que Pereyra González había presenciado las torturas de un detenido cuando se desempeñaba como secretario en la Justicia Federal de San Luis en 1976. En cuanto se libró compulsa penal, Pereyra González renunció.

Julio Petra, en cambio, continúa allí. Es el actual presidente de ese tribunal. Y atención a lo que exhibe su conducta, ya que parece ser la pata de Otilio Romano en la Justicia. Una pata necesaria para dilatar todos los plazos y eludir todas sus citas con la Justicia. Julio Petra votó por el apartamiento del juez Walter Bento, el magistrado que instruye la causa de los siete funcionarios judiciales cómplices de delitos de lesa humanidad. No habría hasta aquí ningún motivo para sospechar de no ser que luego del fallo salió a festejar con Romano, situación en la que fueron fotografiados por un eventual asistente a un bar de la calle Arístides Villanueva.

 

Según consta en la denuncia penal patrocinada por Pablo Salinas y Viviana Beigel, abogados del MEDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Petra pudo haber incurrido en abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público al resolver un expediente de un amigo y compañero de trabajo como el de Otilio Roque Romano.

 

Existen dos antecedentes que ensombrecen la trayectoria de este magistrado aunque no tienen que ver con delitos de lesa humanidad. En los noventa, a raíz de la acusación contra Luis Leiva en el Consejo de la Magistratura, hubo un gran escándalo cuyos protagonistas fueron los jueces de ese fuero, camaristas, ex fiscales y ex camaristas que fueron tirándose unos contra otros. La acusación más destacada fue la de Héctor Acosta, por entonces juez, quien aseguró que “se respira impunidad en la Justicia Federal de Mendoza”. El caso es que Acosta demostró con documentación cómo Julio Petra y Ricardo Mastronardi habían impulsado juntos una causa contra el Estado y tiempo después, en cuanto Petra pasó a camarista, le desestimó una jugosa multa al mismo Mastronardi, por su actuación como director del Banco de Mendoza.

En otra ocasión, Petra hizo lo contrario. Le aplicó una multa como sanción a la ex rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, María Victoria Gómez de Erice. Ello simplemente por expresar otra verdad incómoda: el camarista vivía en el barrio Dalvian, se había fotografiado en una de las mesas de festejo del cumpleaños del propietario de dicha urbanización privada, y tiempo después, estampaba su firma en la causa que le inició Alfredo Vila a la Universidad Nacional de Cuyo para quedarse con terrenos que el Estado nacional le había donado a esa casa de estudios y ampliar así los horizontes de su inmobiliario emprendimiento.

Revista Veintitres

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here