Incluso en una nación con un largo y familiar historial de masacres con armas de fuego -Columbine, Virginia Tech, Aurora, Jonesboro y muchos otros-, las muertes en la escuela elemental Sandy Hook tienen un efecto impactante.
Veinte niños y seis adultos murieron. Un pistolero que irrumpió en la escuela les quitó la vida y terminó con la suya.
La tragedia reabrió el debate acerca de las leyes sobre tenencia de armas de fuego en la nación y aquellos que secundan una reforma han exigido mayores controles.
En números. Tras el tiroteo, un emotivo presidente Barack Obama prometió ”acciones significativas”, añadiendo: ”Como país hemos pasado por esto muchas veces”.
Según un estudio defundido en julio de 2012 por el portal Mother Jones, de 62 asesinatos masivos llevados a cabo en Estados Unidos desde 1982, tres cuartos de las 139 armas usadas por los responsables fueron adquiridas legalmente. De ellas, más de 60 eran pistolas semi-automáticas y más de 30 eran armas de asalto.
Pero en un país con un total de 300 millones de armas estimadas, donde el derecho a portar armas se menciona en la constitución, los defensores de mayores controles armamentísticos dudan que el cambio esté próximo.
El apoyo público a una legislación más estricta ha disminuido en años recientes, junto con los niveles generales de crimen violento.
Esta es, en definitiva, una nación donde la Asociación Nacional del Rifle (NRA) cuenta con más de cuatro millones de miembros. Según Small Arms Survey, en 2007 habían 88,8 armas de fuego entre cada 100 estadounidenses.
Por otra parte, tanto la ley como la política estadounidense se han estado alejando de los que apoyan mayores controles, dice James Jacobs, director del Centro para Investigación en Crímen y Justicia de la Universidad de Nueva York.
”Toda la política de los últimos 20 años ha sido dirigida a los defensores de los derechos de los dueños de armas”, explicó.
Derecho por ley. La Corte Suprema decidió en 2008 que la segunda enmienda de la constitución estadounidense dé a los ciudadanos el derecho a poseer armas de fuego para uso personal, más que sólo para proteger el derecho colectivo de los estados a mantener milicias.
La Cámara de Representantes está actualmente controlada por el partido republicano, que tiene fuertes vínculos con la NRA. El presidente republicano George W. Bush permitió que caducase una prohibición de las armas de asalto en 2004.
Mientras tanto, reacciones contra políticos demócratas que aprobaron leyes de control de armas en 1993 y 1994 asustan a los candidatos de la centro-izquierda a la hora de ser más claros sobre el asunto, dice Kristin Goss de la Universidad de Duke.
”Los demócratas creen que no es un tema ganador”, añade.
Como resultado, el derecho a portar armas fue apenas un tema de debate durante las elecciones de 2012, aparte de cuando el presidente Obama reafirmó su apoyo a la prohibición de las armas de asalto en respuesta a una pregunta realizada durante uno de los debates presidenciales.
Otros países han respondido a este tipo de masacres y tiroteos endureciendo las leyes que regulan la posesión de armas.
El acceso a las armas de fuego en países como Reino Unido se limitó tras la masacre de Hungerford en 1987, y las armas de fuego fueron efectivamente prohibidas tras el tiroteo de una escuela en Dublane en 1996.
Australia ha introducido una nueva ley de armas después de la muerte a tiros de 35 personas en Port Arthur, Tasmania.
En Finlandia, que tiene una de las regulaciones de armas más relajadas y que cuenta con un álto índice de posesión de armas de fuego, se establecieron restricciones en permisos de armas después de que un tiroteo en una escuela dejara un balance de 11 muertos.
Pero no todas estas atrocidades han desencadenado la misma respuesta. En Noruega, donde las restricciones de armas ya eran fuertes, no se endurecieron las leyes de armas después de los ataques perpetrados por Anders Behring Breivik en 2011.
Obstáculos. Ciertamente, en Estados Unidos, los tiroteos anteriores (hubo 13 ataques de este tipo en 2012, según The Washington Post) no han logrado que se produjese ningún cambio.
La escala y naturaleza de la masacre de Connecticut, sin embargo, puso al control de armas de nuevo en la agenda, de un modo que otras tragedias no lo hicieron.
Asimismo, los liberales esperan que el nuevo mandato del presidente, tras su reelección, le dé mayor confianza para hablar del asunto.
Aunque no imposible, todavía queda lejana una nueva legislación sobre la tenencia de armas, opina Robert Spitzer, profesor de la Universidad estatal de Nueva York y autor de ‘Políticas de control de armas’.
”La gente está realmente impactada por esto”, añade. ”Obama está en posición de ejercer algún liderazgo en este tema. Pero es muy difícil para mí imaginar que el nuevo congreso apruebe una nueva ley sobre armas”.
Incluso si el presidente tomara la iniciativa, dice, encontraría barreras institucionales en el camino.
El sistema estadounidense implica que mucha de la legislación sobre armas es definida por los estados más que por el gobierno federal. Connecticut cuenta con unas restricciones relativamente fuertes para los estándares del país.
También habría que superar toda una serie de limbos legales. La ley Brady, firmada por el presidente Bill Clinton en 1993, requiere que se compruebe el pasado de los compradores de armas, para evitar que las adquieran personas con registros criminales o historiales de enfermedad mental.
Pero el 40% de las ventas de armas no están sujetas a esta legislación porque tienen lugar entre individuos particulares, incluyendo ferias de armas o a través de internet.
Problema ”clínico”. Incluso cuando se realizan estas comprobaciones éstas no son del todo rigurosas.
Jared Loughner, quien hirió a la congresista estadounidense Gabrielle Giffords y mató a seis personas durante un tiroteo en 2011 en Arizona, compró una pistola Glock 19 a pesar de haber tenido altercados con la policía y ser expulsado de la universidad por su comportamiento errático.
Aún así nunca fue encarcelado o se le realizó un examen mental.
Los defensores de la tenencia de armas argumentan que la respuesta está en el área clínica, no en nuevas regulaciones.
”Creo que es más un problema de salud mental que un problema de control de armas”, asegura Jacobs.
Los que apoyan mayores regulaciones destacan el hecho de que Estados Unidos registra 2,2 homicidios por arma de fuego por cada 100.000 personas, en comparación con los 1,6 de Canadá, 1,0 de Australia y 0,1 de Reino Unido y Gales, según un reporte publicado en 2012 por la oficina para el Crimen y Drogas de Naciones Unidas.
Pero incluso los más férreos defensores del control de armas admiten que podría ser imposible implementar leyes de armas similares a las de países como Reino Unido en Estados Unidos, una nación que casi cuenta con un arma por ciudadano.
En último término, dice Goss, cualquier presión política por el cambio tendrá que proceder más de las bases que de los líderes.
”No creo que los líderes vayan a lidiar con esto”, finalizó.

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