Kirchner ha acusado a la impresora Donnelley, con sede central en Chicago, que acaba de declararse en quiebra, de estar vinculada a los fondos de cobertura de divisas o ‘fondos buitre’, como se los llama en Argentina. La década de batalla contra el país en los tribunales de EE.UU. resultó en julio en el ‘default’ de Argentina, informa el portal de noticias Starmedia.

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”Estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de [intención de] atemorizar a la población, acompañado también por ciertos medios que se plegaron a la maniobra y que, con grandes titulares, anunciaron que 400 trabajadores se quedaban en la calle”, aseguraba Cristina Fernández en un discurso el jueves.

La presidenta afirmó que, tras conocer la noticia sobre el cierre de la empresa, el Gobierno indagó en la situación patrimonial de la misma y comprobó ”que era buena y no había ninguna crisis”.

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La denuncia oficial ya ha sido presentada ante un juzgado penal.

Según la normativa aprobada en 2011 pero no aplicada hasta ahora, ”será reprimido con prisión de dos a seis años el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial que oculte o falsee hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos”.

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