El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, negó que se produjera tráfico de influencias en la obtención del crédito y subrayó que se trató de una operación entre un banco y una empresa privada.

”No es una operación irregular, es completamente regular y corresponde a una acción de privados, y no hay ni un recurso público invertido”, dijo en rueda de prensa Gómez, que ejerce como portavoz del Ejecutivo durante las vacaciones estivales del titular de la cartera.

El caso salió a la luz pública el viernes pasado en un reportaje de la revista Qué Pasa, que reveló que el Banco de Chile le entregó en 2013 un crédito de 6.500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de la mandataria chilena, para comprar unos terrenos en la región de O’Higgins.

El préstamo se aprobó un día después de que Bachelet ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 15 de diciembre de 2013, cuando Dávalos trabajaba como gerente de proyectos de Caval, la compañía que recibió el dinero.

El Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic, reconoció hoy que en diciembre de 2013 se produjo una reunión para hablar del préstamo entre Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad, y Compagnon a la que también asistió Dávalos, que actualmente es director del área sociocultural de la Presidencia.

La oposición conservadora ha pedido que se investigue el caso para determinar si se produjo tráfico de influencias o uso de información privilegiada por parte de los familiares de Bachelet.

La revista que destapó el caso aseguró que la nuera de la mandataria adquirió los terrenos porque estaba previsto que se modificara el plan regulador de la zona y estos aumentaran de valor, lo que todavía no ha sucedido.

Pese a esto, Caval pactó en enero pasado la venta de las 44 hectáreas de terreno en Machalí por 9.500 millones de pesos (unos 15,1 millones de dólares), según consigna la publicación.

La oposición ha comparado este episodio con el llamado caso Penta, una investigación judicial sobre delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero en la que están implicados políticos de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).

El ministro de Justicia sostuvo este lunes que ambas situaciones son completamente distintas porque el caso Penta se trata de una ”investigación criminal” en la que están involucrados recursos públicos.

”Es una situación completamente distinta. Aquí no hay recursos fiscales involucrados; está un banco privado que ha decidido entregarle recursos a una sociedad que, según el propio banco, contaba con las garantías suficientes para obtener ese crédito”, declaró Gómez.

El ministro también anunció que Sebastián Dávalos hará pública su declaración de patrimonio e intereses, pese a que no está obligado a ello, para despejar las dudas y contribuir a que exista una total transparencia en el caso.

La Fundación Ciudadano Inteligente difundió hoy un comunicado en el que exige la renuncia de Dávalos porque, si bien aún no se han constatado ilegalidades en su actuación, los hechos que rodean el caso ”atentan contra la ética que debe tener todo servidor público y los estándares de transparencia y probidad exigibles”.

La organización independiente pidió también una mayor transparencia por parte de las autoridades a cargo de la modificación del plan regulador de los terrenos que compró y posteriormente vendió la nuera de Bachelet en la región de O’Higgins.

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