La Fiscalía investiga el presunto comercio ilegal de armas desde Argentina por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana, informaron hoy fuentes judiciales.

La reclamación de terrenos del pueblo mapuche al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en La Araucanía y alrededores, que ha significado la muerte y el uso de la violencia en contra de varios comuneros, mujeres, niños y ancianos.

Se suma la muerte de policías y agricultores en enfrentamientos, además de una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas “insuficientes”, según reclaman organizaciones de derechos humanos.

En este marco, la Fiscalía chilena investiga el presunto comercio ilegal de armas desde Argentina por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana. Por su parte, el Ministerio Público informó este martes que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina, país donde también se indaga este hecho.

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Según detalló el diario chileno El Mercurio, uno de los mensajes da cuenta de gestiones para el envío de diverso armamento y munición desde Argentina, las que estarían destinadas a los diversos ataques perpetrados en la zona, para realizar sus atentados en la zona de Araucanía.

Estos mensajes, que habrían sido registrados el 4 de agosto, inculparían a Héctor Llaitul, portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical, y al dirigente Jorge Huenchullán. La Fiscalía aseguró que se trata de 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, que llegarían a Chile “antes del 15” del mes pasado.Todo el material provendría desde la Argentina.

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Además se habla de 12 millones de pesos (unos 18.984 dólares) que uno de los mapuches llamado Llaitul habría recibido como pago por una charla que ofreció en una universidad, los cuales “serían utilizados para estos delitos”, sostuvo la vocera de la Fiscalía de la región sureña de La Araucanía, Nelly Marabolí.

El defensor de los ocho comuneros detenidos por la presunta quema de iglesias y camiones en esa zona, descartó la versión de la parte querellante, a la vez que negó haber sido informado sobre el origen de estos diálogos.

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La denominada “Operación Huracán” dejó el fin de semana ocho mapuches arrestados, entre ellos Llaitul. Mientras otro de los mapuches, Huenchullán, se encuentra prófugo. Otros cuatro mapuches llevan adelante una huelga de hambre desde hace 111 días, mientras cumplen prisión preventiva como presuntos autores del incendio de una iglesia evangélica, para exigir al Gobierno chileno que no se les juzgue bajo la ley antiterrorista. Uno de ellos, Benito Trangol, anunció la noche del lunes que radicalizará su protesta, renunciado a la ingestión de líquidos además de alimentos sólidos.

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