El presidente Michel Temer está considerado el más impopular de la historia de Brasil, pero probablemente el más hábil en los “entretelones” del Congreso, ámbito donde depositó su confianza para garantizar su permanencia en el cargo, y en donde evitó un juicio penal por corrupción en la Corte Suprema, casi un año después de un proceso similar que suspendió a su antecesora, Dilma Rousseff.

El mandatario, que tiene apenas un 5% de aprobación, pasó el último mes negociando acuerdos con congresistas de su base de apoyo y echó mano a todo tipo de maniobras para alcanzar los 172 votos que necesitaba entre los 513 congresistas. Tras el escrutinio, cerca de 170 diputados habían votado a favor de Temer, y ante la ausencia de 25 legisladores, el Ejecutivo se benefició de una reducción del número de votos necesarios de 172 a 163; lo que impidió la mayoría de dos tercios necesaria para que la Cámara autorice que el Tribunal Supremo suspenda a Temer por 180 días para que sea juzgado por una denuncia que sostiene que se benefició de sobornos.

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Para conseguir este objetivo, Temer hizo trasladarse a la sede del Congreso a diez de sus ministros, que también son diputados, y pidió incluso la presencia de un congresista que estaba de baja médica. Las maniobras, nada discretas, llevaron a representantes de su Gobierno a discutir proyectos y prometer fondos presupuestarios a legisladores durante la misma sesión que decidió el futuro de Temer. La votación en el Congreso era vista como el último escollo para que el líder conservador consiguiera mantener el mandato que heredó el año pasado tras la destitución de su predecesora, su ex aliada política Dilma Rousseff, y que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

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“En los últimos dos meses, prácticamente todas las acciones políticas tomadas en Brasilia han girado alrededor de un único factor: Temer necesitaba de 172 votos para que la Cámara Baja bloqueara su juicio en la Corte Suprema”, explicó Bruno Carazza, especialista en políticas públicas y gestión gubernamental, que recalcó en las maniobras un oportunismo sin límites y procedimientos antidemocráticos, tanto del presidente como de los congresistas. A diferencia de Rousseff, juzgada por responsabilidad política, el Congreso decidió el destino de Temer a partir de una grave denuncia de corrupción.

Temer fue grabado por el empresario Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, en una conversación que dejaba patente sus malas prácticas. El Ejecutivo no ha conseguido explicar por qué uno de sus hombres de confianza, el exdiputado Rodrigo Loures, fue filmado recibiendo una maleta con medio millón de reales. En la acusación el fiscal ha incluido los testimonios de siete ejecutivos de JBS, que confirman la participación de Temer en sobornos, blanqueo y desviación de fondos para su partido. Según Batista, su empresa pagaba sobornos a Temer y a su partido desde 2010, información que ha sido negada rotundamente por el presidente.

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La victoria de Temer en el Congreso no implica ahora una salida a la crisis política en el gigante sudamericano, que pone en peligro la tímida recuperación económica tras dos años de una profunda recesión.

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