Políticos y organizaciones sociales chilenas rechazaron la oferta de los presos por delitos de lesa humanidad

”Quiero decir con claridad que esto es inadmisible, que con los crímenes de lesa humanidad no se negocia”, afirmó la expresidenta Michelle Bachelet, que fue víctima de la dictadura y según todas las encuestas es amplia favorita para ganar las elecciones presidenciales del 24 de noviembre próximo.

La exjefa del Estado indicó que ”si alguien tiene información, tiene que entregar toda la información” porque ”no hacerlo es mantener el dolor de los familiares de las víctimas, es mantener la herida que tiene” el país, informaron las agencias noticiosas ANSA, DPA y EFE.

”Queremos unidad en el país, pero sobre la base de la verdad y la justicia”, subrayó Bachelet, que junto a su madre fue detenida, torturada y autorizada a partir al exilio por la dictadura, y cuyo padre, general de la Fuerza Aérea, fue detenido y torturado, y murió en prisión.

La polémica propuesta fue hecha pública ayer por René López, abogado del general retirado Manuel Contreras, que durante la dictadura dirigió la hoy disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la temible policía secreta de dicho régimen, y hoy está preso por delitos de lesa humanidad.

En declaraciones a la televisora CNN Chile, López afirmó que tanto su defendido como los restantes condenados por el mismo motivo y que cumplen su prisión en el penal Punta Peuco están dispuestos a entregar información en una ”mesa de diálogo”.

Consultado sobre si la reducción de sus condenas sería una condición para brindar esos datos, el abogado respondió que ”podría ser una posibilidad”.

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”Mientras no nos miremos a la cara y conversemos directamente el tema como hay que tocarlo, no como se ha tocado otras veces…”, dijo López y agregó: ”Yo creo que ésta será la verdad definitiva”.

”Si el presidente (Sebastián Piñera) autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, señaló el letrado.
”Quiero decir con claridad que esto es inadmisible, que con los crímenes de lesa humanidad no se negocia”
Michelle Bachelet

Añadió que ”está la mejor disposición de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, de toda la gente que participó en estos hechos, de colaborar, de forma concreta y eficaz”.

”Nadie va a salir defraudado, siempre y cuando el presidente nos cumpla; siempre lo hemos puesto en duda, pero esta vez esperamos, alguna vez tendrá que cumplir” y ”si así fuera, estaría cerrando un capítulo enorme en el dolor de todos los chilenos”, subrayó López.

Piñera no se había pronunciado sobre el tema hasta esta tarde, pero su correligionario Pablo Zalaquett -senador nacional y exalcalde de Santiago- tomó distancia de la propuesta.

”Todo lo que es tener información para los familiares me parece muy bien, pero creo que los beneficios son un tema distinto; primero, la información va a permitir la reconciliación y luego serán los jueces los que determinarán si eso equivale o no”, dijo el legislador del partido Renovación Nacional (RN, centroderecha).

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Zalaquett remarcó que ”no está en posición, el abogado, de estar pidiendo beneficios a cambio de información” pues ”la información se debió haber dado siempre”.

En tanto, el diputado Jorge Ulloa, de la Unión Demócrata Independiente (UDI, socia de RN en la coalición gobernante y más cercana a las posiciones de la dictadura), opinó que ”la entrega de antecedentes tiene que ser a cambio de nada”.

”No corresponde pedir nada a cambio; lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubiquen todas las personas que están desaparecidas, ojalá todas”, agregó Ulloa.

Asimismo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que la propuesta forma parte de ”una ofensiva muy siniestra y peligrosa” de ”aquellos que están cercanos a quienes nunca han tenido arrepentimiento”.

A la vez, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien actuó como abogado en varias causas relacionadas con la violación de derechos humanos, declaró que la eventual rebaja de las condenas no es ”lo correcto para la construcción de una democracia sana”.

Se estima que durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes estatales y unos 34.000 fueron encarcelados y torturados por motivos políticos, de los cuales 1.192 aún están registrados como desaparecidos.

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