Rachid, recusado sin éxito por los abogados de los labriegos por su estrecha amistad con el propietario del lote ocupado, pidió al juez convocar a juicio oral y público y señaló a los campesinos de ser responsables de tentativa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de terrenos.

El informe de la comisión independiente encabezada por un jurista español incluyó declaraciones de testigos, filmaciones y fotos, y señaló que francotiradores portadores de armas automáticas, cuya posesión nunca tuvieron los campesinos, dispararon contra ellos y los policías.

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La llamada masacre de Curuguaty, iniciada precisamente con esos disparos de los francotiradores, culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías y constituye un hecho sin esclarecimiento total para buena parte de la sociedad paraguaya.

Según dicho informe independiente y declaraciones de testigos, incluyendo a José Ledezma, gobernador del departamento de San Pedroy perteneciente al partido de gobierno, apunta como una operación montada, y fue usada para destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo.

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La fiscalía acusó por tentativa de homicidio doloso a nueve de los trabajadores rurales, incluyendo a tres mujeres, una de ellas embarazada, pero la propia imputación dice que, aunque se les divisó portando armas, no se sabe a quien mataron, por lo cual es imposible el cargo de homicidio.

A los restantes se les señala como asociados para la invasión del terreno y por un cargo poco explicado al que denominan frustración a la ejecución penal, a la vez que se pide eximir de responsabilidad a otros tres de los presos.

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Rachid, quien mantuvo seis meses encarcelados a todos los señalados sin acusación alguna se apresuró a realizar el trámite después que la representación de las Naciones Unidas en Paraguay reclamó al presidente Federico Franco esclarecer lo sucedido en Curuguaty.

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