MILITARIZACIÓN DE CHILE, por orden de Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que militares protejan infraestructura pública sin la necesidad de decretar estado de emergencia, ante una «Policía debilitada por la crisis social que golpea al país».

El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas a «colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial», dijo Piñera tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros (Policía).

La iniciativa permite asignar a militares esas tareas, «sin necesidad de decretar estado de emergencia constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos», agregó el mandatario.

La Constitución chilena establece que las Fuerzas Armadas están dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, y no tienen competencia en el orden público ni en la seguridad interna del país, a cargo de la Policía. Los militares sólo pueden ser convocados para intervenir en situaciones de excepción constitucional o desastres de emergencia.

Durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre, Piñera decretó por nueve días «estado de emergencia», medida que otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad y el resguardo de la vía pública, ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que se produjeron.

La visita de Piñera a la Escuela de Suboficiales se enmarca en su política de apoyo a carabineros en medio de los cuestionamientos sobre la Policía durante la crisis -la peor en tres décadas- por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en manifestaciones, mientras que las manifestaciones multitudinarias son atacadas por Carabineros en una manera desproporcionada, con miles de heridos, muertos, desaparecidos, calcinados, mujeres violadas, niños golpeados, jóvenes perseguidos y los grandes medios capitalinos solo señalan «el vandalismo con saqueos e incendios en comercios y ataques a comisarías que generan en la población la sensación de que la fuerza ha sido rebasada», y es la excusa para la intervención de fuerzas militares en situaciones internas.

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«El debilitamiento de nuestras fuerzas del orden y seguridad solo favorece a la violencia y la delincuencia», aseveró Piñera, quien es el comandante de las fuerzas y da las órdenes en forma directa.

La colaboración de militares en el «resguardo de instalaciones públicas permitirá liberar a un significativo número de carabineros para que protejan las calles», agregó el mandatario.

Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, Francia y España para mejorar su capacidad operativa. El gobierno también adoptó medidas como el reintegro de personal recientemente retirado y el anticipo del egreso de aspirantes a policías, con lo cual en los próximas 60 días habrá 4.300 efectivos más en todo el país.

La convulsión social, iniciada por protestas contra el aumento del boleto del metro que derivaron en amplias demandas sociales, ha dejado un saldo oficial de 23 muertos, miles de heridos -2.171 de ellos policías, según Piñera- y más de 200 lesionados graves por disparos de perdigones de la Policía, que además ha sido criticada por el indiscriminado uso de gases lacrimógenos en protestas.

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«Hemos sufrido el efecto de gases lacrimógenos y de balines en los espacios residenciales. Estamos muy preocupados por los efectos a la salud que tendrán a largo plazo», dijo a la AFP Karen Mariangel, miembro del movimiento No+Lacrimógenas, nacido en el parque Bustamante de Santiago, ubicada a un costado de plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones en Santiago.

Como una forma de retomar la normalidad, este movimiento, junto a los vecinos, organizaron este domingo un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Mientras que varios artistas pintaron murales alusivos a las demandas en el lecho del río Mapocho que cruza Santiago.

En tanto, centenares de ciclistas realizaron una protesta en la capital en contra del gobierno de Piñera.

Organismos humanitarios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional denunciaron que durante la crisis social se violaron los derechos humanos de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado.

«Nuestras fuerzas de orden y seguridad tienen derecho a usar la fuerza legal y legítima, siempre dentro del marco de la ley y de sus protocolos, y con pleno respeto a los derechos humanos de todos», sostuvo Piñera, contradiciendo la realidad.

Si bien la Policía anunció esta semana que dejaría de utilizar escopetas antidisturbios, la Cruz Roja de Chile aseveró que han seguido atendiendo heridos por perdigones durante las protestas.

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