México vive un genocidio por goteo. Así definió a la actual crisis política mexicana el ex Juez de la Corte Suprema de Argentina, Eugenio Zaffaroni, al portal digital Sin Embargo. ”Sumen diez años de muertos y tendrán una pequeña ciudad. Una Hiroshima o Nagasaki hechas con un poquito más de paciencia. El genocidio no deja de ser genocidio por el hecho de que se continúe en el tiempo”.

Desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, en 2012 hasta nuestros días, la Secretaría de Gobernación registró 41.737 asesinatos, a los que hay que sumarle aquellos no denunciados por miedo y amenazas. Sólo en los primeros tres meses de este año se reconocieron 8.845 homicidios, 340 secuestros y más de 1.000 extorsiones, según datos oficiales del gobierno federal.

Durante el siglo XX México resultó un guardián de sus instituciones democráticas y ejemplo para el resto de los países de América Latina. Sin embargo, desde los últimos años nos preguntamos si es posible hablar de democracia cuando por ejemplo, sabemos que ocho candidatos fueron asesinados y más de 20 políticos fueron forzados a abandonar la campaña presionados por las amenazas recibidas en las últimas semanas.
A qué tipo ideal de modelo democrático se acerca la realidad mexicana, cuando el gobierno federal reconoce ante la ONU que desconoce la cantidad de desaparecidos en su país, que la única base de estimación que tiene el organismo es la que va desde 1995 a 2012, al finalizar el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, cifra que se calcula en 24.809 personas desaparecidas, en donde todavía no estaban incluidos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que dieron visibilidad internacional al tema.

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Otro de los efectos de la violencia estructural en México es el desplazamiento forzado interno, que tampoco cuenta con un registro y un diagnóstico acabado. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde el 2011 a febrero de 2015, unas 281.418 personas se han desplazado de manera forzada como consecuencia de la violencia. En general, campesinos, indígenas, activistas y defensores de derechos humanos, además de políticos y periodistas.

A los asesinatos, a las desaparecidos en democracia y a los desplazamientos internos se le suman los reclamos por mejoras laborales y exigencias sociales a un gobierno que no da respuestas, en un país donde más de la mitad de sus 122 millones de habitantes viven bajo la línea de pobreza. Según datos del Banco Mundial, los índices de pobreza en México van a contramarcha de la tendencia latinoamericana, en ese país la pobreza creció en los últimos años pasando de un 42,9 por ciento en 2006 a un 52,3 por ciento en 2012.

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Como respuesta a la desatención del gobierno, los últimos meses estuvieron signados por manifestaciones populares. Por un lado, los campesinos del valle de San Quintín, ubicado al norte del país, consiguieron el jueves pasado -un día después del cierre de campaña en todo México- una respuesta a sus reclamos con un incremento de los salarios para los trabajadores agrícolas, luego de más dos meses de huelgas, manifestaciones y represión, que se llevó la vida de tres campesinos y dejó más de 70 heridos.

El calor en las calles subió de temperatura con el paro iniciado el lunes pasado por los profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que se manifestaron en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, dejando sin clases a más de un millón de alumnos de la educación básica. Los maestros irrumpieron en las sedes partidarias y tomaron plantas de PEMEX con el fin de frenar una reforma educativa y detener el proceso electoral.

Mientras tanto desde las instituciones electorales confunden el síntoma con la enfermedad. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, llegó a sostener que las protestas sociales de los últimos días ”han rebasado los márgenes permisibles en una sociedad democrática”.

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El proceso electoral 2015 trae consigo una particularidad, producto de la reforma electoral del año 2013, que es la apertura de candidaturas a ciudadanos que no cuentan con registro de algún partido político y que ha permitido el surgimiento de cientos de candidatos independientes, como el caso de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como ”El Bronco”, candidato gobernador de Nuevo León, un fenómeno atípico en la política nacional que combina 33 años de trayectoria priista, buen manejo de las redes sociales y campañas montado a caballo. Hoy se presenta como una candidatura posible de sacarle ventaja a los partidos tradicionales.

Desde la desaparición de los 43 estudiantes y las concentraciones en rechazo al gobierno de Peña Nieto, el reposo del sistema político mexicano parece haberse quebrado. Las protestas por los desaparecidos y asesinados, los reclamos sociales de los campesinos y los maestros, han demostrado la capacidad del pueblo mexicano de traducir su descontento individual en protestas sectoriales, ahora el desafío de las movilizaciones estará en traducir los reclamos locales y sectoriales en una construcción nacional, sostenida y articulada, que tenga como objetivo la organización política para la disputa y posterior conquista del poder.
El Destape

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