Los independentistas no dejan las calles de Barcelona

En el día posterior a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes indepedentistas, el movimiento soberanista no se ha retirado de las calles de Cataluña, ni ha disminuido en su grado de rechazo e indignación.

La reacción del Gobierno catalán a los hechos ha sido controvertida, por un lado alentó y respaldó las manifestaciones, y por otro destacó el accionar de la policía para responder a las protestas. Por su parte, el Gobierno español intentó dejar atrás la sentencia, y reconducir la atención hacia los comicios del 10 de noviembre, en los que el PSOE apuesta por obtener apoyos suficientes para formar un Ejecutivo monocolor, que prescinda de otras fuerzas políticas en el Consejo de Ministros.

Las protestas más multitudinarias se produjeron en Barcelona y Girona. En la ciudad costera, decenas de miles de personas protestaron frente a las delegaciones del Gobierno catalán, y pequeños grupos realizaron quemas de banderas españolas y se enfrentaron con la uniformados de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional. En ciudades del interior como Girona y Lleida, varios miles realizaron concentraciones de repudio a la sentencia, en las que también se produjeron choques con las fuerzas de seguridad. Según la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, más de 200 manifestaciones se produjeron en la geografía catalana.

Ante el desarrollo de las protestas, el comportamiento de la dirigencia catalana fue errático. Además de las contradicciones entre apoyar las protestas y ponderar el accionar represivo, las autoridades de los principales partidos soberanistas, Junts per Cat, Esquerra Republicana y la CUP, no fueron capaces de hallar un acuerdo para celebrar un pleno del Parlamento catalán con el que elaborar una respuesta común de rechazo a la sentencia. Por ahora, lo que se sabe es que la fecha del pleno es el jueves, y en él comparecerá el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra.
Mientras tanto, el Gobierno español ha abordado la crisis catalana con una doble estrategia. Por un lado, retomó la comunicación de cara a la campaña del 10 de noviembre, con la que espera convencer al electorado de que el PSOE es el único partido que puede garantizar un gobierno estable. Mientras que, por otro, el ministerio del Interior realizó investigaciones para determinar quiénes son los autores intelectuales del movimiento “Tsunami Democrático” que paralizó las operaciones del aeropuerto catalán de El Prat en el día de ayer.

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Entre tanto, las principales fuerzas opositores aprovecharon el conflicto en Cataluña para sentar postura de cara a los comicios generales. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, instó a aplicar la Ley de Seguridad Nacional para “garantizar el orden público” ante los “disturbios”. La formación de derecha ha sido una de las que más ha insistido en aplicar el artículo 155 de la Constitución española para intervenir la comunidad autónoma, incluso antes de que se produjera la sentencia.

En el lado opuesto, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, volvió a insistir en su llamado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerara la posibilidad de indultar a los líderes independentistas condenados. En este sentido, y también en el marco de la campaña, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, utilizó las declaraciones de Iglesias para alejar la posibilidad de una coalición tras el 10 de noviembre. “Podemos siguen hablando de referéndum, presos políticos y de la imposibilidad de aplicar el artículo 155. Todo eso nos separa de ellos”, afirmó la dirigente socialista.

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Mientras el movimiento indepedentista mantiene el pulso en las calles, la dirigencia política hace malabares para encajar el conflicto en la campaña electoral. La ausencia de incidentes de gravedad, y los avances y retrocesos de la dirigencia catalana mantienen por ahora el conflicto dentro de los límites de la normalidad. Sin embargo, el marco es de expectación, y la semana aún reserva jornadas de mayor tensión social como la de este viernes cuando se celebre una huelga general en Cataluña para rechazar la sentencia.

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