La Oficina del Procurador General ordenó que la Policía Federal abra una investigación sobre las denuncias hechas por el operador de Mensalao, Marcos Valerio de Souza, contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ex ministro Antonio Palocci.

Es que el publicista Marcos Valerio -señalado como principal operador en la trama de un sofisticado esquema de desvío de dinero y pago de sobornos durante el gobierno del ex presidente – aseguró que Lula da Silva ”comandaba todo” y que él no fue más que un ”mensajero de lujo” en una estructura de la que el ex mandatario ”era el jefe”.

Según declaró Valerio ante el Fiscal General de la República el ex presidente Lula habría protagonizado, entre otras cosas, la negociación por una transferencia de US$ 7 millones realizada por una empresa de telecomunicaciones al PT, según publicó el diario Folha.

El dinero, que habría ingresado a Brasil por diferentes cuentas, presuntamente fue usado para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral de 2002. Por su parte, Lula siempre sostuvo que ”no hubo un Mensalao” porque, según indica el ex mandatario, su partido, el PT, ya se había asegurado una mayoría en el Congreso a través de alianzas políticas. ”Si alguien es encontrado culpable, debe ser castigado y si alguien es encontrado inocente, debe ser absuelto”, aseguró el año pasado.

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La fase procesal del juicio comenzó en agosto del año pasado y, de los 37 acusados, la corte declaró culpables a 25, entre quienes están el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, al ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoinoy al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Dircei fue durante décadas la ”mano derecha” de Lula y cuando este llegó al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un estratégico cargo desde el que se controlan todos los resortes políticos del Gobierno y al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo, a mediados de 2005.

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Según estableció la corte, Dirceu fue el ”articulador político”, ”jefe” e ”ideólogo” de toda la trama y fue declarado culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, por los que está pendiente de sentencia.

En tanto, los últimos tres condenados fueron el ex presidente de la Cámara baja y diputado Joao Paulo Cunha, el ex legislador Roberto Jefferson, quien denunció el escándalo a mediados de 2005, y el ex tesorero del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) Emerson Palmieri.

Los sentenciados a más de ocho años cumplirán sus penas en régimen de reclusión, mientras que los otros se beneficiarán de un sistema semiabierto que los obligará a dormir cada noche en la cárcel.

En el primero de los casos, se encuadra el ex jefe de Gabinete de Lula da Silva, José Dirceu, considerado la ”mano derecha” del mandatario en la época de las denuncias y condenado a diez años y diez meses de cárcel.

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En noviembre de 2012 fue presentada a la Procuraduría General de Brasil una petición para que Lula sea investigado por cinco diputados y senadores de la Social Democracia Brasileña y Popular Socialista, dos de las principales fuerzas opositoras.

La denuncia se apoyaba en reportajes publicados por la prensa en los que se involucra a Lula da Silva como máximo responsable del caso de sobornos a parlamentarios que se juzga en el Tribunal Supremo Federal (TSF).

Esos informes se basan en declaraciones de uno de los reos, el publicista Marcos Valerio Fernandes, que después de conocer su condena a 40 años de prisión presentó a la corte una oferta de ”colaboración” con la Justicia, con el fin de intentar una reducción de la dura pena.

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