Hungría dio un paso más hacia el uso del Ejército para impedir la entrada de refugiados al declarar el estado de emergencia en dos distritos sureños fronterizos con Serbia, el mismo día en que entró en vigor una ley que establece penas de cárcel de hasta cinco años para la entrada ilegal en el país.

El portavoz gubernamental Zoltan Kovacs, luego de una reunión del gabinete de ministros, anunció que la medida responde a la crisis desatada por la ola inmigratoria masiva de refugiados que intentan entrar en los países de la Unión Europea (UE) desde Asia, Medio Orienta y África.

Las regiones afectadas son Bacs-Kiskun y Csongrad, en el sur, que están atravesadas por la valla fronteriza de alambre de 175 kilómetros de largo que Hungría levantó para frenar la llegada de inmigrantes.

La declaración del estado de emergencia allana el camino para que el Parlamento autorice al Ejército a apoyar a la policía a lo largo de la frontera y coincide con la nueva ley que penaliza la entrada ilegal al país con penas de cárcel, de tres años como mínimo y hasta cinco si se hace armado o cortando la valla.

Hungría, país de tránsito obligado para los miles y miles de refugiados que buscan llegar al norte de Europa por la ruta de los Balcanes, cerró ayer inesperadamente su frontera con Serbia y dijo que ahora sólo tramitará peticiones de asilo a ciudadanos de zonas de conflicto con documentación en los puntos de entrada oficiales.

También hoy, horas antes de declararse el estado de emergencia, al menos 16 refugiados fueron detenidos por las fuerzas de seguridad húngaras, informaron las agencias de noticias EFE y DPA.

Hasta que Hungría cerró de forma inesperada un espacio abierto en su frontera en Roszke, por el que entraron miles de personas en las últimas semanas desde Serbia, la policía registró ayer la llegada al país de más de 9.380 personas.

La inmensa mayoría siguió camino hacia Alemania, Holanda o las naciones escandinavas.

Los 16 refugiados fueron detenidos cuando trataban de cortar la valla levantada en la frontera, por lo que serían susceptibles de recibir la pena de cinco años de cárcel contemplada por la nueva ley por el agravante de dañar la alambrada, según la televisión pública húngara M1.

La valla, de 175 kilómetros, fue construida por el gobierno húngaro en su frontera con Serbia para frenar la llegada de refugiados, pero además de esa medida, desplegó a unos 900 policías y 4.300 soldados en la región.

Un total de 130 jueces serán los encargados de aplicar la nueva normativa por medio de juicios rápidos en la ciudad de Szeged.

Aunque, juristas consultados por M1 aseguraron que las primeras sentencias, por procedimiento abreviado, serán sólo condicionales y conllevarán la expulsión del detenido del país.

Sin embargo, en caso de que se le detenga de nuevo intentando entrar de forma ilegal, sí se ejecutaría de forma inmediata la pena de prisión.

El trato recibido por los refugiados que entraron en forma ilegal fue duramente criticado por organizaciones como Human Rights Watch, que aseguró que las condiciones en los centros de acogida de Hungría son ”inhumanas”.

Además, se establecen procedimientos acelerados de asilo que determinarán en pocos días si las solicitudes son aceptadas, pero los refugiados que no obtengan ese estatus serán devueltos a Serbia.

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