Los cuerpos pudieron ser hallados a partir de que vecinos de la zona advirtieron sobre el olor fétido que provenía del crematorio El Pacífico, en desuso desde mayo, en la ruta Cayacao-Puerto Marqués.

El fiscal actuante Miguel Ángel Godinez reveló que no descarta la existencia de más cuerpos, pidió tiempo para precisar sexos y edades y cifró en 61 los cuerpos encontrados hasta ahora, aunque dejó abierta la chance de que ”surgiera otro hallazgo”.

Los voceros anticiparon que al menos uno de los cuerpos corresponde a un menor de edad y ninguno estaba mutilado ni quemado. Sí estaban cubiertos con cal, se supone que para evitar los olores justamente.

Los cuerpos fueron sacados en camilla, cubiertos con sábanas, y llevados al Instituto Forense local.
Godinez reveló además que en el inmueble se encontraron documentos que les permitirán abrir varias líneas de investigación, aunque horas más tarde emitió un comunicado en el que señaló que la presencia de los cuerpos puede deberse a un fraude de los responsables del recinto por ”no haber cremado los cadáveres”, que estaban ”perfectamente embalsamados”.

Hasta el crematorio se acercaron integrantes de las policías federal, estatal y ministerial, así como de la gendarmería, que acordonaron el área.

Medios locales especulaban con la posibilidad de que las muertes fueran producto de un enfrentamiento entre organizaciones criminales, porque hace meses que varias bandas se disputan los alrededores de Acapulco, donde actúan dos grupos escindidos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre ellos, Los Rojos, y los cárteles del Golfo y Sinaloa.

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La aclaración de la Fiscalía restó algo de valor a esas versiones. El organismo detalló que los cadáveres serán sometidos a ”estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense”, en busca de establecer ”la causa legal de la muerte”, así como ”la fecha y hora probable de su deceso”.

El estado de Guerrero es uno de los más pobres de México, con más presencia del crimen organizado y de la conflictividad social.

A unos 200 kilómetros de Acapulco está Iguala, el municipio en el que el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) de Ayotzinapa tras ser atacados por policías locales que los entregaron al cartel de Guerreros Unidos.

Según el testimonio de algunos de los criminales detenidos desde entonces por ese caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero de la población vecina de Cocula.

Ayer, la Autopista del Sol, que une Acapulco con la capital mexicana, fue escenario de una manifestación de miles de personas para reclamar la aparición con vida de los alumnos de Ayotzinapa y exigir la salida del ejército de Guerrero.

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La marcha, que obstaculizó por varias horas el tránsito por uno de los carriles de la vía, fue liderada por los padres de los jóvenes desaparecidos, que se han declarado decepcionados y desmoralizados por el trato pasivo y poco comprometido del gobierno de Peña Nieto.

Si los hechos de Ayotzinapa golpearon la imagen del mandatario, el nuevo hallazgo le suma otro capítulo a la cadena de horrores y violencia que atraviesa el país desde hace algunos años y que ya dejó, según cifras extraoficiales, más de 125 mil muertos, 250 mil desplazados y unos 22 mil desaparecidos.

Según sea el final del episodio y las causas de las muertes, el hecho amenaza con profundizar la grave crisis política y social que afecta al gobierno de Peña Nieto, que asumió hace apenas dos años, pero ya encara serios problemas de credibilidad, duras críticas a nivel local e internacional de parte de organizaciones humanitarias y crecientes cuestionamientos de la oposición.

El hallazgo cobra especial relevancia también porque el 7 de junio debe haber elecciones de medio término, con 2.159 cargos en juego, entre ellos el de gobernador de Guerrero, en una compulsa cuya realización está en duda, porque varias organizaciones del Estado consideran que no están dadas las condiciones.

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Junto a Tamaulipas y Michoacán, Guerrero es de las zonas más castigadas por el accionar de los cárteles de la droga, las bandas paramilitares y la corrupción de policías y militares. En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado, que alimentó la espiral de violencia con escasos resultados hasta ahora.

Sin embargo, en Guerrero, en la costa del Pacífico, los hechos tienen una dimensión distinta porque se entrecruzan con una larga tradición de violencia política, que hasta empujó brotes rebeldes en los años 60 y 70, liderados por legendarios líderes guerrilleros como Lucio Cabañas -surgido de la escuela normalista de Ayotzinapa- y Genaro Vázquez Rojas.

En lo que va del mandato de Peña Nieto, se encontraron ya 479 osamentas en fosas clandestinas en todo el país, según un reporte oficial.

”México se encuentra hoy inmerso en la peor crisis de derechos humanos en años”, señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, en el último informe del organismo sobre la situación de los derechos humanos en América Latina durante 2014.
Telam

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