En el marco de la causa en la que el juez Griesa libró una orden para determinar la existencia de activos argentinos en bancos norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos se presentará este lunes ante la Corte para intervenir a favor de la Argentina.

El procurador general adjunto de EEUU, Edwin Kneedler, representará a la administración de Barack Obama en la audiencia convocada por el máximo tribunal para analizar el caso que enfrenta a Argentina y los fondos buitre, conocido como ”Discovery Mundial”.

En la audiencia, el país estará representado en el caso, oficialmente denominado como ”Argentina versus NML Capital”, por Jonathan Blackman, el letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb que lleva adelante el caso ante los tribunales norteamericanos.

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El Departamento de Justicia, a través del fiscal General de Estados Unidos, Donald Varrilli, presentó ya dos ”amicus curiae” (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina respecto a que las decisiones del juez de Nueva York, Thomas Griesa, violan la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos.

En marzo de este año, el fiscal General reafirmó en un segundo texto el ”interés sustancial” de Estados Unidos ”en la correcta interpretación y aplicación” de la Ley de Inmunidad (FSIA, según sus siglas en inglés).

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Argentina recibió asimismo el apoyo regional por parte de Brasil y México, quienes mostraron preocupación ante la posibilidad de que una decisión negativa al interés de Argentina de parte de la Corte Suprema convierta a las reestructuraciones de deuda soberana más complicadas y costosas.

En la asamblea de primavera (boreal) del FMI y del Banco Mundial llevada adelante hace una semana en Washington, el G-24, alertó también que ”cualquier resolución que incentive un comportamiento predatorio de los holdouts podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda”.

Este llamado por parte de la comunidad internacional sobre los efectos que podría tener el caso de mantenerse los fallos de la justicia de Manhattan, fue hecho también por Francia, el G-77 más China e instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones mundiales y economistas reconocidos como Jospeh Stiglitz y Nouriel Roubini.

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Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. La justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de 1.300 millones de dólares a los holdouts.

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