La nueva hipótesis científica en que trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, se centra en los crematorios del Ejército y en privados, donde probablemente habrían sido llevados los
43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre.

Ambos investigadores desmontaron el pasado 10 de diciembre, con argumentos técnicos, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Ahora, con nuevas evidencias, la línea indagatoria se dirige al Ejército, por su presunta implicación en la desaparición forzada de los normalistas: La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres), dice en entrevista con el diario La Jornada el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete.

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Los investigadores han empezado a buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino por dos vías más: la fiscal y la empresarial.

Esta vía de investigación se condice con una fuerte versión recogida por Télam en Iguala, donde no se descartaba la participación de fuerzas federales en los hecho, lo que contradice la hipótesis oficial de la PGR, en el sentido de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por policías de Iguala y Cocula, por orden del alcalde Juan Carlos Abarca y luego entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.

Además de reclamar al Ejército que colabore, los investigadores de la UNAM y la UAM también le piden a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda.

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Montemayor Alderete fundamentó su hipótesis con un estudio del departamento de sustentabilidad, medio ambiente, agua, población y comunidades del gobierno de Australia, que indica que el consumo para realizar una cremación humana es de 53.285 kilogramos de fluido.

Eso significaría que ningún otro cadáver se cremaría allí. Además, implicaría un control que sólo podría ejercer el Estado sobre la crematoría privada, algo muy poco probable. Es más factible el horno del Ejército, explica.

Si se llegara a comprobar nuestra hipótesis tendría que aplicarse la Constitución; los culpables tendrían que ser juzgados. ”Es un horrendo crimen y la situación es tan delicada que si dejáramos pasar esto podríamos caer muy fácilmente en un Estado neofascista”, aseguró.

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”Todas las fuerzas sanas del Ejército, la Marina y la sociedad tenemos que exigir que esos miembros de las fuerzas armadas que hayan confabulado, junto con gente del gobierno federal para cometer este crimen de Estado, se les haga a un lado y se les enjuicie. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me podrán matar, pero no me asustan”, agregó el científico.

Desde hace unas semanas está asesorando a los padres de los normalistas desaparecidos en una labor de peritaje, para que sus estudios tengan peso jurídico dentro del procedimiento que los familiares de las víctimas siguen en la PGR.

El investigador titular del Instituto de Física de la UNAM se muestra comprometido en el esclarecimiento del destino de esos 42
normalistas: ”Este crimen no debe caer en el olvido, no podemos darle vuelta a la hoja. Las armas del Ejército son para defender a la nación y al pueblo”.
Telam

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