Joaquina Pereda vivió una vida cómoda. Estudió en la Universidad Católica de Chile y con su salario de profesora de matemáticas financiaba todos los gastos de la casa. Salía frecuentemente con su hijo, vestía bien e iba al cine. Pero desde que se jubiló no le alcanza ni para comer. En ocasiones, prepara una tortilla de harina y le pone cebolla picada, le agrega orégano y le dice a su hijo, que sufre de síndrome de Down, que es una pizza. ”Vivo el día a día, no puedo ir a la feria, no puedo hacer las compras que hacía antes” en el supermercado, dijo Pereda. ”Nunca imaginé que me podía pasar esto.”

Pereda es una de los millones de chilenos que hace 33 años, en plena dictadura cívico-militar, fueron obligados a abandonar el sistema solidario de pensiones del Estado para incorporarse a un sistema privado de jubilación de capitalización individual que los ha sumido en la pobreza, pese a lo cual fue emulado por una treintena de países con políticas neoliberales, entre ellos Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y México. En la Argentina, en noviembre de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le puso fin a ese negocio.

Los únicos que rechazaron el modelo actual fueron los militares, que siguieron con su sistema que les permite recibir, con 30 años de antigüedad, una pensión igual a su último sueldo.
El último sueldo de Pereda como profesora fue de 1000 dólares y aportó al sistema durante 37 años. Pero ahora vive con menos de la mitad, 441 dólares: 200 que recibe como jubilación, 100 más a título de indemnización por haberse jubilado bajo el modelo que impuso la dictadura y 140 más que el Estado le otorga por la discapacidad de su hijo. En su momento, sin embargo, el régimen había dicho que las pensiones representarían un 70% del último sueldo.

Rosa Retamal se jubiló en 2009, ya en democracia, como profesora de inglés, cuando ganaba el equivalente a 1860 dólares mensuales. Ahora recibe una pensión de 274 dólares. ”Para nadie es un secreto que las jubilaciones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores”, dijo la presidenta Michelle Bachelet, quien creó una comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones, conformada por 25 personas, incluidos nueve expertos extranjeros, que en agosto deberá proponer un plan de mejoras.

Las administradoras calculan las pensiones según las expectativas de vida: 83 años para las mujeres y 77 para los hombres. Ellas se jubilan a los 60 años, ellos a los 65, de ahí que, en idénticas condiciones, las mujeres tengan una jubilación menor a la de los hombres. El monto se calcula dividiendo el ”ahorro” realizado por la cantidad de años que, estadísticamente, pueda vivir el beneficiario. En el antiguo sistema de reparto, las pensiones se financiaban con los aportes mensuales de los activos más los aportes estatales. Los montos mensuales que se cobraban eran más altos que los actuales.

Ahora no sólo se cobra menos, sino que una enorme cantidad de jubilados no puede seguir pagando un servicio de salud privado y ha terminado en el sistema público de salud, que atiende al 80% de los 17,8 millones de chilenos y tiene graves deficiencias. Pese a las edades mínimas establecidas para uno y otro sexo, no es obligatorio hacerlo a esas edades y la mayoría de los chilenos sigue trabajando para incrementar un poco sus pensiones.

El modelo vigente obliga a los trabajadores a ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos brutos, lo que se acumula en una cuenta individual, de donde salen los fondos para pensionarse. En la actualidad hay un período de transición, porque abundan los jubilados que hicieron aportes tanto al sistema fiscal como al privado, pero dentro de pocos años los retirados serán pensionados puros de las administradoras.

A diciembre de 2013 las seis administradoras privadas pagaron poco más de un millón de pensiones de 310 dólares mensuales, un 15% menos que los 364 dólares del salario mínimo. ”Hay quienes han cotizado toda su vida y aun así obtendrán una pensión deficiente”, dijo Bachelet. Quienes no han aportado o dejaron de hacerlo cobran un máximo de 200 dólares a través de ”jubilaciones asistenciales” creadas por el primer gobierno de Bachelet (2006-2010).

Los únicos que rechazaron el modelo actual fueron los militares, que siguieron con su sistema que les permite recibir, con 30 años de antigüedad, una pensión igual a su último sueldo.

Quien no quiera jubilarse con una Administradora, cuyas pensiones oscilan a la baja, pasan sus fondos a una compañía de seguros que les otorga una jubilación vitalicia cuyo monto mensual no varía, pero que también es baja porque su negocio es riesgoso y no se sabe cuánto vivirá el cliente. Según el ultraliberal Instituto Libertad y Desarrollo ”los problemas previsionales son mundiales” y su origen ”es la mayor expectativa de vida”. Las administradoras tienen la solución: aumentar la edad jubilatoria, aumentar el porcentaje de ahorro y aumentar los depósitos voluntarios.

En la mayoría de los países que importaron el modelo chileno todavía no se han visto las consecuencias porque poca gente se ha jubilado con ese sistema. Uruguay tiene desde 1996 un programa mixto, pues la fuerte presión de los sindicatos impuso una legislación que permite abrir una vez al año un período de pases para que los mayores de 40 años puedan elegir retornar al antiguo sistema de reparto ante la evidencia de que el sistema privado no es eficiente.

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