La Cámara de Diputados de Brasil inició esta mañana la sesión en la que definirá si el presidente Michel Temer decidirá si le levanta o no la inmunidad para que la Corte Suprema juzgue las denuncias formuladas en su contra por corrupción, aunque los votos de la bancada oficialista y sus aliados pondrían a salvo al mandatario por segunda vez desde que asumió el cargo tras la destitución de Dilma Rousseff.

La previsión del Congreso es que la sesión se prolongue durante unas 12 o 15 horas, pues tendrán derecho a la palabra decenas de diputados, tanto a favor de que Temer responda en tribunales o de que la acusación sea rechazada.

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Temer, acusado ahora de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, es el primer presidente brasileño denunciado formalmente por delitos de carácter penal en pleno ejercicio de su mandato y pasa por este trance por segunda vez en los últimos meses.

En agosto pasado, el mismo pleno que hoy decidirá si autoriza a la Corte Suprema a llevarle a juicio, lo que supondría su suspensión del cargo durante seis meses, ya libró al mandatario de cargos de corrupción pasiva, también formulados por la Fiscalía General.

La sesión comenzó con el quórum mínimo de 52 diputados, según informaron el diario Folha de San Pablo y la agencia de noticias EFE, pero para proceder a la votación será necesaria la presencia de por lo menos 342 de los 513 miembros del pleno, que constituyen las dos terceras partes.

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Esa mayoría de 342 es justamente la que deben sumar los votos necesarios para autorizar a la Corte Suprema a aceptar los cargos contra Temer, que salpican también a dos ministros y se apoyan, como en el caso de la primera denuncia, en testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS.

En caso de que un mínimo de 172 diputados rechacen los cargos, la denuncia será archivada al menos hasta que Temer deje el poder, el 1 de enero de 2019, cuando el caso podrá ser retomado por la Justicia.

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Si la denuncia fuera aceptada, Temer sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y, de ser hallado culpable, perdería definitivamente el cargo.

El Gobierno calcula que cuenta con el apoyo de entre 250 y 270 diputados, tal como ocurrió con la primera denuncia, negada por 263 votos frente a los 227 que reunió la oposición.

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