El Supremo de Brasil salvó a Lula de la cárcel “in extremis”

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) salvó ayer a Luiz Inácio Lula da Silva de un inminente encarcelamiento al admitir para su tratamiento, por 7 votos contra 4, un pedido de habeas corpus de la defensa. Si bien la votación decisiva sobre el recurso se producirá el miércoles 4 de abril, la aprobación paralela de una cautelar impedirá que una corte de segunda instancia decida el lunes el ingreso a prisión del expresidente, como se esperaba ampliamente que ocurriera.

Según observadores, lo ocurrido ayer puede sugerir una definición final favorable al exmandatario.

El máximo tribunal brasileño aceptó así revisar su propia jurisprudencia de agosto de 2016, que avalaba el cumplimiento de sentencias de prisión después de un fallo de segunda instancia.

El Tribunal Regional Federal de la 4a. Región, con sede en Porto Alegre, ya le impuso al líder de la izquierda una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, por la supuesta recepción de un tríplex de lujo en Guarujá como contraprestación de contratos amañados con Petrobras de la constructora OAS.

El TRF4 tiene previsto agotar el lunes el “embargo de declaración” pedido por la defensa contra ese fallo, pero el mismo tiene solo un alcance explicativo. Así, se descontaba que ni bien se comunicara formalmente el resultado de ese trámite, Lula debía ingresar a prisión ese mismo día o, a más tardar, el martes 27. Eso queda ahora pendiente de la decisión final del STF.

La presidenta del STF, Cármen Lúcia, se había opuesto a revisar la sentencia de 2016, adoptada por un margen mínimo de 6 a 5 y presentada en su momento como un gran avance en la lucha contra la corrupción, pero se vio obligada a ceder y reabrir el tema por la presión de la mayoría del cuerpo.

“Cuando veo que los tribunales legislan, siento una enorme frustración. Tengo la sensación de que perdí años de mi vida, porque cuando fui parlamentario participé en la elaboración de leyes que luego son sustituidas por jueces que las modifican y que a veces tienen hasta la osadía de contradecirlas”, dijo en su alegato el defensor del expresidente, Roberto Batochio. Se refirió así a lo que establece la Constitución sobre el principio de presunción de inocencia, que se agota solo cuando existe sentencia firme. El encarcelamiento Lula “chocaría frontalmente” con la Constitución, denunció.

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Como contrapartida, la procuradora general, Raquel Dodge, animó a los ministros a mantener la postura anterior y a rechazar el habeas corpus. Para ella, el encarcelamiento de condenados por corrupción en segunda instancia ha sido clave en la lucha contra la corrupción.

“No se ha violado el derecho de defensa. Este precioso precedente (del cumplimiento de penas con fallo de corte de alzada) no es inconstitucional”, aseveró.

El analista político y profesor de la Universidad Católica de Brasilia Creomar De Souza le dijo a Ámbito Financiero que “la situación de Lula produjo una verdadera guerra civil entre los jueces del Supremo”. Y denunció que “las transmisiones por televisión de las deliberaciones, si bien representan un avance en términos de transparencia, derivan en una suerte de ‘show’ circense”.

Marcelo Rech, analista político y titular del Instituto InfoRel de Brasilia, también consultado por este diario, consideró que “los jueces decidieron bajo una tremenda presión política y de una parte de la opinión pública. La declaración de admisibilidad del habeas corpus marca una nueva tendencia. Si el tribunal pensara mantener su jurisprudencia actual, probablemente lo habría rechazado sin más”.

Un detalle interesante surge de la votación de los supremos sobre la cautelar que impide el encarcelamiento de Lula hasta el 4 de abril, que fue votada por 6 a 5. A favor de la misma se pronunciaron los jueces Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello y Rosa Weber. Este último fue el voto clave, ya que era el que intrigaba a los observadores.

En tanto, se definieron en contra Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux y Cármen Lúcia. ¿Será esa la línea divisoria del voto de fondo? Lula respiraría tranquilo en tal caso.

“No estamos ante una decisión jurídica sino política. Los enfrentamientos que se han visto en el Supremo entre corrientes contrapuestas son lamentables”, insistió el director de InfoRel.

Sin embargo, Rech cree que “la total politización del Supremo es anterior a estos hechos. Esa tendencia comenzó junto con la crisis política e institucional del país, allá por 2014 o 2015. La polarización social contaminó de un modo muy especial al principal tribunal del país”.

En ese sentido, muchos especialistas denuncian desde hace tiempo el imperio en Brasil de una “jurisprudencia creativa” y de un “populismo judicial”, que dio alas a uno de los aspectos más cuestionados de la operación “Lava Jato”: las prisiones preventivas prolongadas para la “producción” de arrepentidos y, finalmente, el cumplimiento de las penas de prisión tras fallos de segunda instancia, lo que razonablemente puede afirmarse que viola el principio de presunción de inocencia y la Constitución de Brasil.

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En efecto, el artículo 5°, inciso LVII, de la carta magna establece que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”. El “tránsito en juzgado de sentencia penal” no es otra cosa que un fallo firme y definitivo. Así se lo entendió siempre, hasta que el agosto de 2016 el propio Supremo escuchó la voz de la calle y avaló la cárcel anticipada por una mayoría mínima.

El populismo judicial quedó así instaurado. Y esto no equivale a sostener la inocencia de Lula. Sí implica cierto asombro ante una evidente conculcación de garantías individuales comunes a todas las democracias occidentales.

Una decisión final que modifique la jurisprudencia de 2016 supondría un golpe demoledor para la operación Lava Jato. De hecho, en vísperas de la sesión de ayer, el juez federal Sérgio Moro, que desde su juzgado de Curitiba (Paraná) puso en jaque a la clase política y a sectores hasta entonces intocables del empresariado, había señalado que “una eventual alteración (de esa jurisprudencia) sería desastrosa para los avances contra la impunidad de la gran corrupción en Brasil”. “Un cambio en el enfoque del Supremo pondría en libertad a varios poderosos delincuentes condenados”, añadió el magistrado que pronunció la condena de primera instancia contra el líder del Partido de los Trabajadores.

Rech explicó, en ese sentido, que “un eventual fallo contra esos encarcelamientos crearía un enorme problema, porque hay mucha gente en la cárcel con condenas en segunda instancia. Y no solo eso, hacia adelante, hay decenas de políticos, algunos de primera línea como Aécio Neves, que se beneficiarían. Cuando se dice que la decisión sería a medida de Lula, se dice una verdad a medias. El beneficio sería para él, sí, pero también para todos los políticos involucrados en las investigaciones”. El especialista agregó: “Tendremos que esperar al 4 de abril para saberlo”.

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