El texto de 15 artículos, aprobado el 25 de septiembre último en Diputados, debe pasar el trámite parlamentario en el Senado y luego ser promulgado por el Poder Ejecutivo, para pasar luego por un proceso de reglamentación, por lo que no entrará en vigencia de inmediato.

A pesar de avanzar en el terreno legislativo, la ley sigue generando polémicas, por lo que legisladores opositores propusieron convocar a un referéndum para que la población opine sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre los argumentos en contra está el que asegura que este proyecto ”no despenaliza el aborto, porque lo mantiene como delito en el Código Penal”, según aseguró a Télam Alejandra López, co directora de la ONG uruguaya Mujer y Salud.

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La iniciativa en debate establece que la interrupción del embarazo no será penalizada si se realiza antes de las 12 semanas de gravidez, pero para acceder a la práctica, la mujer deberá cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación.

Luego, la mujer tendrá cinco días para ratificar su decisión mediante la firma de un consentimiento informado.

Es por eso que tanto López como la Coordinadora Aborto Legal (CAL) consideraron que el proyecto ”no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, apenas suspende la pena siempre y cuando se cumplan con todos los trámites y plazos establecidos en los artículos”.

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Uno de los cuestionamientos de las organizaciones sociales es que no se prevé ninguna sanción a los servicios de salud que no cumplan con los plazos.

”¿Quién garantiza que el sistema de salud está en condiciones para implementar con la celeridad necesaria los requisitos para que la mujer acceda al aborto?”, preguntó López.

Para la dirigente es importante ”no generar confusión, no hay despenalización, y si se convierte en ley, no resuelve el problema”.

Se sumó a esta postura la Asamblea Popular (AP) que reúne a agrupaciones de izquierda, que reclamó que debería imponerse la legalización directamente, por la sola voluntad de la mujer, sin condiciones.

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La propuesta original, que había aprobado el Senado en diciembre del año pasado, establecía la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación; en catorce, en casos de violación, y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios.

En noviembre de 2008 el Parlamento uruguayo había aprobado un texto de despenalización del aborto apoyado por el movimiento de mujeres, que fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.

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