De manera paradojica, el país que destina miles de millones de dólares a las instituciones encargadas de prevenir delitos es uno de los más violentos de América y el más impune.

México se consolida como uno de los países más violentos del mundo. Cada año se incrementan en el país latinoamericano los índices de delitos de alto impacto, como asesinato, secuestro o desaparición de personas, además de los del fuero común, como robo y asalto. La impunidad, la corrupción y la ineptitud de las autoridades constituyen la trinca que sume al país en la peor crisis de su historia.

De manera paradójica, como nunca antes se destinan miles de millones de dólares del presupuesto federal a las instituciones encargadas de prevenir delitos, perseguirlos y procurar justicia. El Gobierno, hoy encabezado por el derechista Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), eroga cada año en seguridad 264.000 millones de pesos mexicanos, unos 15.000 millones de dólares. La mayoría de estos recursos se entregan a las corporaciones policiacas federales y a las Fuerzas Armadas. Desde que inició la fingida guerra contra el narcotráfico, estas instituciones han visto crecer sus presupuestos hasta en 300 %.

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Un estudio de la consultoría independiente Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que la tasa de homicidios en México es de 17,5 por cada 100.000 habitantes, lo que coloca al país como uno de los más violentos del mundo. Además, lo ubica como el más impune de América y de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese informe, ‘Descifrando el gasto público en seguridad’, señala que en el país latinoamericano el 95 % de los delitos denunciados no son sancionados. Peor aún, la cifra real de algunos tipos de delitos que nunca son juzgados alcanza el 99 %, pues muchos de los crímenes ni siquiera se denuncian por la falta de confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones. Sí, la justicia sólo alcanza al 1 % de los perpetradores de las actividades delincuenciales.

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También revela que México se ha convertido en el país con el mayor número de elementos policiacos per cápita. Mientras que en esta nación hay 367 policías por cada 100.000 habitantes, en naciones como Honduras es de 147 y en Estados Unidos de 197.

En contraste, México es de los países donde hay menos jueces: apenas 4,2 por cada 100.000 habitantes (el promedio de los países de la OCDE es de 16).

El análisis de tales resultados nos dice que, en el mejor de los casos, México ha gastado mucho dinero en contar con el personal que detiene a los infractores de la ley, pero muy poco en contar con el número suficiente de quienes deben juzgarlos y sancionarlos. Todo quedaría en un error, de suyo grave, de visión y de aplicación de políticas públicas.

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Principales causas de la no denuncia

La ineptitud de los gobernantes no alcanza a explicar tales decisiones. Por lo que puede apreciarse, los últimos gobiernos siempre tuvieron como objetivo fortalecer los aparatos represivos para contener a los movimientos y actores sociales que les han sido adversos. La llamada “guerra contra el narcotráfico”, que para nada ha debilitado a los cárteles —por el contrario, los fortaleció— solo justificó los abultados presupuestos a las corporaciones policiacas y a las Fuerzas Armadas.

 

Conforme México gasta más en “seguridad”, más violencia genera contra su sociedad. Luego de 10 años, ha quedado claro quiénes ganan y quiénes pierden en esta guerra. Y en esta última lista no están los traficantes de drogas.

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