La resolución del máximo tribunal de Guatemala correspondió a un amparo planteado por la defensa de Ríos Montt y ordenó retomar el juicio a partir de cómo se encontraba el 19 de abril, lo que según una fuente citada por la agencia Efe demorará, ”siempre que no haya nuevos recursos, dos o tres meses”, pero excluyó del caso al tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios que dictó la condena contra Ríos Montt.

En aquel fallo contra el exdictador (1982-1983) fue absuelto su jefe de los servicios de Inteligencia, el también exgeneral José Mauricio Rodríguez, sentencia que también quedó ahora anulada.

La decisión de la CC estuvo dividida, con tres votos contra dos. Estos últimos correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras, el primero representa a la Universidad de San Carlos y la última al Ejecutivo, pero fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012).

Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos 1771 indígenas ixiles de la etnia maya en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).

Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre Guatemala, calificó hoy la anulación de la condena a Ríos Montt como ”un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto (1960-1996)” que dejó un saldo de 200.000 muertos y desparecidos, un cuarto de ellos durante la dictadura de Ríos Montt.

”Lo que está claro -sostuvo el representante de AI- es que la Corte de Constitucionalidad, con su sentencia, ha levantado unos obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia reciente de Guatemala”.

El 11 de mayo, un día después de la condena al exdictador, la CNN entrevistó al presidente Pérez Molina y le recordó las declaraciones en el juicio del testigo protegido, Leonardo Reyes, que lo involucraban con las matanzas de niños, mujeres y hombres ixiles, entonces como jefe de operaciones del Quiché, donde se produjeron esas masacres.

También le mencionó las declaraciones que Pérez Molina brindó al periodista estadounidense Allan Nairn en 1982, entonces con el alias de ”mayor Tito”: ”Todas las familias están en la guerrilla”.

Visiblemente molesto, el presidente acusó al periodista (de la CNN) de ”levantar falsedades” y ”sacar frases de contexto”.
Días después, la CNN entrevistó a Nairn y reprodujo el reportaje televisivo en que el exgeneral y actual presidente respondía exactamente esa frase que ahora consideraba una falsedad.

El periodista estadounidense, en la primera oportunidad (18 de abril) que la Corte de Constitucionalidad suspendió el juicio contra Ríos Montt, afirmó que esa decisión se tomó por presión directa del gobierno de Guatemala para evitar que fuera involucrado en esa causa el presidente Pérez Molina.

”La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones, pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra jueces y fiscales hechas por asociados del ejército”, dijo entonces Nairn.

Según contó en el portal estadounidense Common Dreams, Nairn tenía que testificar el 15 de abril en el juicio contra Ríos Montt: ”pero en el último momento se me impidió tomar el estrado ‘para evitar una confrontación con el Ejecutivo (guatemalteco)”’.

”Se me dio a entender que lo que eso significaba era que el presidente Pérez Molina cancelaría el juicio si yo subía al estrado, ya que mi testimonio podría implicarlo a él”, relató.

Otra fuente consultada por Télam coincidió con que el juzgamiento de Ríos Montt y su jefe de Inteligencia, el general retirado José Mauricio Rodríguez, estaba aceptado por el gobierno como una forma de distender la presión que durante varias décadas realizaban organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, siempre que no terminaran por involucrar al presidente ni a la cúpula del ejército.

Lo cierto es que tras la condena contra Ríos Montt el presidente Otto Pérez Molina calificó esa sentencia de ”situación delicada”, según informó hoy el diario local Prensa Libre.

”Cuando estamos llamando a que vengan a invertir a Guatemala, lamentablemente esto no es una buena noticia internacionalmente”, dijo, y el periódico también recordó que en esa oportunidad el mandatario volvió a reiterar que en su país ”no hubo genocidio”.

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