La nueva ley parece estar escrita especialmente para evitar próximas manifestaciones de la conservadora Hermandad Musulmana y otras organizaciones islamistas que después de más de cuatro meses sigue pidiendo la vuelta al poder del gobierno de Mohamed Mursi, derrocado por un golpe de Estado cívico militar.

Según el texto de la norma, que se publicará mañana en el boletín oficial, se debe notificar a la policía con una antelación de tres a quince días cualquier convocatoria de protesta, y eso incluye los lugares por los que pasará la marcha, su fecha y sus demandas, así como los datos personales y de contacto de los organizadores.

Si las autoridades no autorizan la protesta, la decisión puede ser recurrida ante la Justicia, la misma que desde el golpe de Estado del 3 de julio pasado imputó a cientos de aliados de Mursi, y de líderes de la Hermandad Musulmana y su brazo político, los dos principales apoyos del mandatario derrocado.

Además, quedan prohibidas las reuniones ”con fines políticos” en los lugares de culto y las marchas que partan o se dirijan hacia esos templos, así como llevar armas y artefactos explosivos y el uso de máscaras y mantas para ”ocultar” los rasgos faciales.

Tampoco se podrán convocar protestas frente a edificios públicos cuando haya personas en su interior como en el caso del Parlamento, el Consejo de Ministros, sedes militares y de organizaciones internacionales, centros educativos, hospitales, museos o lugares arqueológicos, informó la agencia de noticias EFE.
La nueva ley parece estar escrita para evitar próximas manifestaciones de la conservadora Hermandad Musulmana

De acuerdo al artículo 12, las fuerzas egipcias podrán disolver las protestas si se considera que pueden ser un ”peligro” para la seguridad pública.

Para cumplir con esta prerrogativa, la policía podrá utilizar cañones de agua, gases lacrimógenos o porras, y si ninguno de esos medios funciona, podrá disparar al aire y hasta lanzar bombas de humo y de sonido.

Las armas de fuego se utilizarán ”midiendo el peligro o el daño que suponen las protestas para los seres humanos o las propiedades”, aclara la ley.

Finalmente, si alguno de estos artículos son violados, la ley establece penas de cárcel y multas.

Los manifestantes que vayan armados se enfrentarán a al menos siete años de cárcel y multas de al menos 100.000 libras egipcias (unos 14.500 dólares), al tiempo que se establecen distintas penas para quienes organicen marchas sin avisar, participen en ellas o usen máscaras ”para cometer un delito”.

Originalmente este proyecto de ley había sido propuesto por el primer ministro de facto, Hazem Beblawy, quien había sostenido que era necesaria para poner fin a las sistemáticas protestas de la Hermandad Musulmana, la masiva y conservadora organización islamista que representa el principal sostén político de Mursi.

Pero hace meses que las protestas de los seguidores islamistas dejaron de ser masivas, principalmente después de las sangrientas redadas policiales en agosto pasado a los campamentos de protesta que dejaron, junto con las manifestaciones posteriores, más de mil muertos en menos de diez días.

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