Río de Janeiro se encuentra a la expectativa de cómo será la intervención federal de su seguridad pública decretada por el presidente Michel Temer, una medida que hoy deberá ser votada por la Cámara de Diputados.
Las calles de Río de Janeiro amanecieron ayer sin la presencia del Ejército, dos días después de que Temer cediera el control de la seguridad a un general militar para frenar la ola de violencia que golpea el estado.

El sábado algunas tropas patrullaron la capital fluminense coincidiendo con la visita a Río del presidente brasileño para definir la intervención federal, pero a pesar de la presencia del Ejército, las escenas de violencia se repitieron en el estado.

Un intento de asalto terminó con un tiroteo en el barrio de Barra de Tijuca; un camión fue asaltado; un grupo de delincuentes hizo explotar una agencia bancaria de la Baixada Fluminense, una pobre región de Río, y una unidad de la policía fue atacada en una comunidad de la zona norte.

Ayer, sin la presencia de militares, la seguridad fue reforzada por la policía mientras miles de personas continuaban divirtiéndose con las últimas comparsas callejeras del post carnaval, una fiesta que la semana pasada se vio manchada por asaltos múltiples en algunas de las zonas más turísticas de la ciudad.

Las imágenes de violencia que marcaron el carnaval de Río de Janeiro y conmocionaron a Brasil empujaron a Temer a decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro, la cual deberá ahora contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados.

La medida, que no puede ser modificada por el Legislativo, necesita de una mayoría simple en Diputados y en el Senado para recibir luz verde, lo que podría producirse esta misma semana.

Mientras tanto, el Gobierno y el general Walter Souza Braga Netto, el nuevo “gobernador” de Río en el área de seguridad, planifican la intervención federal en el estado, la cual ha recibido críticas por parte de algunas organizaciones de derechos humanos.

En este marco, los ciudadanos esperan saber cuál será el alcance de la medida en un estado que vive cercado por la guerra entre bandas criminales y que dejan un promedio de 20 tiroteos diarios.

Una vez que el decreto sea aprobado por el Congreso los militares, que ya habían sido desplegados a mediados de 2017 en Río, aunque con una actuación limitada, comenzarán a ocupar las calles.

El decreto también generó dudas sobre la reforma del sistema previsional, pilar fundamental de la política económica de Temer, ya que durante una intervención la Constitución no permite modificar la carta magna, ni votar una propuesta de enmienda constitucional, como es el proyecto jubilatorio.

No obstante, Temer, quien aún no tiene el apoyo suficiente para llevar adelante la iniciativa, aseguró que si recaba los 308 votos necesarios para aprobar la reforma “cesará” la intervención federal de manera temporal. La reforma es rechazada por los sindicatos.

En la búsqueda de votos, el Gobierno hizo algunas “concesiones” e incorporó cambios a la propuesta original, para suavizar las condiciones para la jubilación de campesinos o mantener las pensiones para las viudas de policías muertos en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, no modifica el principal motivo de discordias, que es fijar una edad mínima para la jubilación de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.

Actualmente, la ley permite a las mujeres jubilarse con 30 años de aportes y a los hombres con 35 sin ningún límite de edad, por lo que hay casos en que personas con apenas 50 años ya pueden gozar del beneficio estatal.

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