Venezuela y Estados Unidos volvieron a chocar ayer en el ámbito de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde reiteraron las profundas diferencias que los separan desde 2011, cuando congelaron sus relaciones diplomáticas después de que el gobierno de Caracas denunciara acciones de injerencia de Washington en sus asuntos internos. Al pronunciarse ante el plenario reunido en Asunción del Paraguay, el canciller Elías Jaua reseñó los logros de la Revolución Bolivariana y afirmó que el desarrollo ”supone un clima de paz contra el que atenta la oligarquía, que se niega a aceptar el resultado de los procesos electorales y genera violencia, sabotajes y planes de magnicidio”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano.

Ante la mirada de la responsable de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado estadounidense, Roberta Jacobson, Jaua denunció que esos planes están ”alentados por sectores del establishment de Estados Unidos, en abierta violación del principio de no intervención” que debe regir las relaciones entre los países.

En la misma línea, el jefe de la diplomacia venezolana advirtió que la amenaza de sanciones a funcionarios del gobierno bolivariano será ”un obstáculo para avanzar en la erradicación de la pobreza”, y defendió el ”derecho del pueblo a resolver sus diferencias sin injerencias externas”.

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Tras la intervención de Jaua, Jacobson dijo a los medios que son ”falsas las acusaciones de que en Washington se gestan conspiraciones” contra Venezuela y respaldó el diálogo que mantienen el gobierno y la oposición con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

”Venezuela debe resolver internamente su conflicto”, evaluó Jacobson, para quien las sanciones a funcionarios o al Estado venezolano –ya aprobadas en comisiones de las dos ramas del Congreso estadounidense– ”pueden ser una herramienta útil, pero no ahora”.

Cuando se la consultó sobre el rechazo a las sanciones, expresado por el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, se limitó a responder que el diplomático ”habló de diálogo y eso es lo que importa”

En la noche del martes, al abrir oficialmente el 44 período de sesiones de la Asamblea General, en la sede del Banco Central de Paraguay, Insulza se había declarado ”preocupado” por la suspensión del diálogo entre el gobierno y la oposición y fue categórico en el rechazo a eventuales sanciones estadounidenses al país caribeño.

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”El diálogo no avanza, pero seguimos convencidos de que es el diálogo la única salida, lo que supone dejar de lado algunas posturas”, dijo Insulsa sin especificar si se dirigía a alguna de las partes en particular o a las dos a la vez.

Insulza pidió a la comunidad internacional que participe en la búsqueda de la paz en Venezuela ”sin presiones ni sanciones”, en lo que fue una reiteración de sus críticas al proyecto de ley que se ventila en el Capitolio y que ha dividido a los partidos Demócrata y Republicano. Hasta ayer la Casa Blanca no había emitido una opinión oficial sobre el tema. ”Desde un inicio sostuve que realizar un diálogo entre las partes era indispensable y que la OEA podía contribuir a ello. La decisión fue hacerlo bajo los auspicios de Unasur y aplaudimos tal determinación. Sin embargo vemos con tristeza que no avanza”, señaló Insulza.

Ecuador pide mudar la CIDH

Ecuador presentó fuera de agenda un proyecto de resolución ante la OEA para cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente funciona desde Washington.

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Según confirmó ayer el secretario general adjunto del organismo internacional, Albert Ramdin, el proyecto propone, además, un cambio en la financiación de la CIDH, un órgano autónomo de la OEA.

La propuesta de Ecuador –producto de un acuerdo adoptado a fines de mayo en Quito por los cancilleres de la Unasur– busca asimismo reducir la financiación de la Relatoría de Expresión, al pedir que se realice un estudio ”sobre las distintas dimensiones del sistema de relatoría de la CIDH, en el marco de los principios de igualdad, interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos”.

En marzo pasado, el gobierno del presidente Rafael Correa se había retirado de una audiencia en Washington en la que la CIDH dio cabida a denuncias sobre el ”acelerado deterioro” de la libertad de expresión en Ecuador y acusó al organismo de buscar ”desprestigiar al país”. El gobierno de Quito cuestiona además que la CIDH tenga su sede en Estados Unidos, el único país de la región que no ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos.

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