Los legisladores brasileños aprobaron la noche del domingo el juicio político de Dilma Rousseff, la primera presidenta de la historia de Brasil, que ha visto su mandato salpicado por una serie de escándalos de corrupción que han crecido de manera vertiginosa, una economía que no termina de avanzar y una desilusión popular generalizada.

Después de un debate apasionado que se prolongó durante tres días, el congreso votó a favor de enviar el caso de la presidenta al senado, cámara de segunda lectura legislativa en Brasil. Sus 81 miembros decidirán si se abre juicio contra Rousseff. Se le acusa de utilizar dinero de la banca pública para encubrir el déficit presupuestario en un intento de defender su campaña para la reelección. La votación será el mes que viene.

Quienes presionaban para que se aprobara el juicio político lograron el apoyo de dos tercios de los 513 diputados del congreso; 367 diputados votaron a favor, 137 en contra y hubo siete abstenciones. Dos diputados no votaron.

Si el senado acepta el caso, Rousseff tendrá que renunciar de manera temporal mientras se debate sobre su suerte. El Vicepresidente Michel Temer, un académico experto en derecho constitucional y político con largos años de experiencia, será quien asuma el puesto.

Dado el margen de diputados —superior a lo esperado— que aprobaron el juicio político, algunos analistas ya afirman que es probable que el senado destituya a Rousseff, una decisión que requiere de una mayoría de dos tercios en la votación.

Paulo Sotero, director del Brazil Institute at the Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, dijo que “los políticos saben leer bastante bien lo que la sociedad piensa, saben que la gente quiere que se vaya”.

Rousseff puede apelar al Supremo Tribunal Federal, que ya ha rechazado peticiones previas de juicio político.

La decisión de la cámara sobre el juicio político a Rousseff, cuando aún no ha llegado a la mitad de su mandato, provocó gritos de alegría entre los miles de manifestantes que esperaban reunidos en la capital y ciudades por todo el país. Quienes apoyan al gobierno, también reunidos, acusaban de traidores a los diputados.

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En medio de una de las manifestaciones de apoyo a la presidenta, Gabriela Correia, de 22 años, que trabaja en atención al cliente, dijo que estaba enfadada porque tantos diputados, algunos de ellos, muy corruptos, habían votado contra la presidenta. “Quiero dejar claro que no estoy aquí para defender a una política, sino para defender nuestro sistema político democrático. Me duele el corazón”.

Algunos analistas políticos se muestran preocupados porque la decisión de enjuiciar políticamente a la presidenta causará un daño duradero a la joven democracia brasileña, que fue reinstaurada en 1985 tras dos décadas de dictadura militar.

Pedro Arruda, analista político de la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo, cree que “se trata de un golpe de Estado. Una herida traumática al sistema presidencial brasileño. Es un pretexto para derrocar a una presidenta que fue elegida por 54 millones de personas. No tiene cuentas bancarias en el extranjero, no ha sido acusada de corrupción, al contrario de aquellos que la acusan”.

Aunque juristas y analistas se muestran divididos en su análisis, muchos han expresado su preocupación por el motivo que lleva al juicio político. Perciben que la maniobra presupuestaria de la que se acusa a la presidenta para maquillar el déficit ha sido utilizada por muchos funcionarios, pero nunca con cifras tan altas.

Lincoln Secco, profesor de historia en la Universidad de Sao Paulo, opina que “es una bala directa contra la democracia brasileña. Sentará un precedente muy peligroso porque a partir de ahora, cada vez que nos encontremos con un presidente impopular, habrá presiones para abrirle un juicio político”.

La aprobación del juicio político es una derrota para Rousseff y el Partido de los Trabajadores, que comenzó como un grupo de oposición a la dictadura militar que gobernaba el país en 1980 y llegó al poder en 2002 con la elección como presidente del país de Luiz Inácio Lula da Silva, uno de sus fundadores.

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Da Silva, un político experto que se dirigía por igual a los ricos que a los pobres, fue presidente en una época de crecimiento económico y una gran expansión de los programas de bienestar social que contribuyeron a sacar a millones de brasileños de una pobreza abyecta.

También reforzó el control público de industrias clave como la del petróleo. Y eso permitió que se cometieran abusos en Petrobras, la compañía estatal petrolífera, envuelta junto con gran parte de la élite política y económica en esquemas de comisiones y sobornos que terminaron en las arcas de los partidos políticos.

Cuando a Lula no se le permitió presentarse por tercera vez a la presidencia, designó a Rousseff como su sucesora, quien ganó las elecciones con facilidad en 2010.

Rousseff fue guerrillera. Y nunca antes había ocupado un cargo público. Se le ha criticado por su falta de experiencia, algo que supuestamente ha limitado su capacidad de negociar tanto con la oposición en el Congreso como con miembros de su propia coalición de gobierno.

En 2014 fue reelegida por una mayoría mucho más estrecha.

A Rousseff la abandonaron muchos de sus aliados políticos con el comienzo de la crisis económica y cuando la corrupción comenzó a salir a la luz.

La presidenta y sus aliados han tratado de vincular el juicio político a una especie de golpe de Estado de baja intensidad organizado por sus rivales, entre los que ha señalado a su propio vicepresidente, que hace un mes se sumó a los defensores del juicio político.

La economía se ha contraído un 3,5 por ciento por segundo año consecutivo. Millones de brasileños han perdido su empleo desde los días de la bonanza económica que alimentó en su día la necesidad china de materia prima.

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Monica de Bolle, investigadora del Peterson Institute for International Economics, dijo que “el gobierno ha perdido legitimidad, credibilidad y la capacidad de mantenerse. La situación es terrible”.

Aunque la acusación de corrupción no va directamente contra la presidenta, el escándalo de Petrobras ha implicado a altos cargos del Partido de los Trabajadores, incluido el propio Lula, a quien se investiga por acusaciones de que su fundación recibió alrededor de 7,8 millones de dólares de compañías constructoras que se presentaban a licitaciones públicas.

El escándalo, conocido como operación “Lava Jato” (Lavacarros), ha enfadado a los brasileños, que han visto cómo se vertían millones de dólares en las campañas políticas del Partido de los Trabajadores y sus aliados.

Christopher Garman, analista especialista en Brasil en el Eurasia Group, una consultora de riesgo político, cree que “la base constitucional para el juicio político es débil, pero hay otros temas que han perjudicado a esta administración”.

En 1992, el entonces presidente, Fernando Collor de Mello, también fue sometido a juicio político. Dimitió antes de que votara el senado. El caso de Rousseff es diferente. No se le acusa de haberse enriquecido y, pese a su baja popularidad, según un encuesta de la empresa Datafolha, solo el 61 por ciento de los brasileños está a favor del juicio político. El mes pasado era el 68 por ciento.

Ahora toca que el Vicepresidente Temer, miembro del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, asuma cómo salir adelante en medio de la crisis política y los retos causados por la crisis económica.

Temer también se enfrenta a un posible juicio político. Se le ha acusado de estar implicado en una estructura de compra fraudulenta de etanol.

Y después de Temer, el siguiente en la fila es Eduardo Cunha, líder del congreso, un cristiano evangélico a quien se acusa de utilizar cuentas en Suiza para ocultar comisiones y sobornos que ascienden a 40 millones de dólares.

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