Así se desprende de la nueva normativa publicada hoy por las autoridades cubanas, que le otorgan mayor autonomía a las empresas estatales después de décadas de estar encasilladas en políticas administrativas rígidas.

Una novedad que aparece como crucial para esas empresas es que a partir de las nuevas normativas podrán retener hasta el 50 por ciento de las utilidades después de impuestos al cierre del año, lo que significa un 20 por ciento más que lo que hasta ahora estaba establecido.

Con los fondos que logren bajo esa modalidad, podrán incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigaciones y capacitación, así como para amortizar créditos bancarios.

La idea oficial es que de esa manera las empresas puedan desarrollarse progresivamente en correspondencia con sus posibilidades económicas ”Se generaliza para todas las empresas la posibilidad de distribuir utilidades entre los trabajadores como estímulo por la eficiencia económica, siempre y cuando tengan una auditoría financiera con resultados satisfactorios o aceptables en los últimos 18 meses, se cumplan los indicadores directivos y no se deteriore la correlación ingreso medio/productividad”, explican las regulaciones vigentes a partir de ahora.

Las decisiones oficiales anunciadas hoy introducen regulaciones para todas las empresas del país en cuanto a los vínculos de los salarios a los resultados de producción, la aplicación de precios mayoristas para la venta de las producciones excedentes y regulaciones de las relaciones financieras entre las empresas.

Las normativas deben instrumentar el concepto de ”descentralizar” la cadena administrativa sobre esas empresas con la ”separación” de funciones estatales de las empresariales, consignó ANSA.

Las modificaciones para las empresas estatales dictadas son fundamentales para el proceso de cambios que aplica el gobierno desde 2008, ya que éstas son consideradas como ”base” del ”modelo económico” socialista que busca establecer el gobierno cubano.

Deberán competir en eficiencia no sólo con el sector privado sino también con nuevas empresas extranjeras que operen en el país tras la aprobación de una nueva ley de inversiones foráneas que entrará en vigencia dentro de dos meses.

En los últimos cinco años ocurrió una expansión del sector privado nacional, el cual se acercó al medio millón de ”cuentapropistas”, y se fundaron, aún de manera experimental, decenas de cooperativas privadas que fueron empresas del Estado y pasaron a ser administradas por sus antiguos trabajadores, como accionistas.

La ”empresa estatal socialista”, de acuerdo con lo anunciado, luego de cumplir con el ”encargo estatal” central por lo que fue activada, podrá ”comercializar sus excedentes al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda” en el mercado.

La idea oficial es que de esa manera las empresas ”puedan desarrollarse progresivamente en correspondencia con sus posibilidades económicas”.

La eficiencia, que será como ahora medida por el Estado, se guiará por indicadores, tal el caso de ”las ventas netas totales, las utilidades del período, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo y el aporte en divisas, este último, mientras exista dualidad monetaria”.

Esta última aclaración se refiere a la existencia de dos monedas en Cuba que circulan paralelamente, el peso nacional y el CUC, de valor en divisas, cuya unidad vale 24 pesos.

El gobierno comenzó un proceso para terminar con esa dualidad que según expertos locales podría durar aún alrededor de tres años.

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