¿De quién es la Amazonia?

En realidad, la pregunta correcta, desde el punto de vista de la Ciencia Política y de las RRII, debería ser: ¿Quién ejerce la soberanía de la Amazonia?

Desde muy antiguo y hasta nuestros días se ha considerado que lo hace quien ejerce el “poder supremo». O, en otras palabras, quien gobierna, quien es el soberano.

Para el famoso politólogo alemán Carl Schmitt, todo orden político se basa en una decisión soberana y no en una norma legal. Lo que implica que puede haber una autoridad soberana, incluso cuando dicha autoridad no está reconocida legalmente. Todo lo que importa es si hay una persona o una institución que posee la capacidad, de hecho, para tomar las decisiones del caso.

Después de esta breve introducción teórica, nuestro lector nos volverá a preguntar: “Pero, entonces, ¿quién manda en la Amazonia?”.

La obvia respuesta es que son los países que ejercen soberanía sobre este territorio, es decir que tienen la capacidad de tomar y de imponer sus decisiones en ese espacio geográfico.

Un mapa de nuestra América del Sur nos da una rápida respuesta gráfica. Los dueños de la Amazonia son, en mayor medida el Brasil y, en mucha menor medida, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Francia (por la Guyana francesa), Guyana y Surinam.

Nuevamente, nuestro lector podría preguntarnos: “Bueno, si esto es tan así, ¿por qué desde hace días vengo escuchando que la Amazonia es patrimonio de la humanidad?”.

Sucede que en el medio han aparecido varias cuestiones. La primera, es un movimiento denominado ecología política y que se enfoca en conseguir modificaciones significativas en las políticas ambientales de todos los Estados del mundo frente al Cambio Climático.

Lo cual está muy bien, ya que como lo hemos advertido, también nosotros, es una realidad que nos afecta a todos en esta casa común que es nuestro Planeta.

La segunda, es que hay otras organizaciones, entre las que no faltan Estados poderosos y desarrollados, nucleados en el denominado Club de Roma, que pretenden ponerle límites al desarrollo de las regiones y de los países.

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Específicamente, el Club de Roma es una poderosa ONG fundada en Roma en 1968 por un pequeño grupo de científicos y políticos, preocupados por mejorar el futuro del Mundo a largo plazo.

En función de este objetivo, le encargó al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por las iniciales en inglés) un informe que fue luego conocido bajo el título “Los límites al crecimiento” y que fuera publicado en 1972.

Conceptualmente, el informe retoma viejas tesis malthusianas sobre la conveniencia de limitar el crecimiento de la población mundial, por lo que apoya diversos programas de reducción de la natalidad, especialmente, en los denominados Países del Tercer Mundo.

Es en este marco en el que se alzan las voces que escuchamos y que saturan a los medios de comunicación, con consignas que van desde lamentaciones por los daños producidos por los incendios forestales en la Amazonia –los que compartimos– hasta la exigencia, en algunos jefes de Estado, de limitar, especialmente, al Brasil el ejercicio de la soberanía sobre ese territorio.

Llegado a este punto, advertimos una grave contradicción, pues si es como venimos explicando, que la soberanía es más una cuestión de hecho que de derecho, nos preguntamos qué es lo que puede pasar.

Ya que, por ejemplo, ha sido el propio presidente de Francia quien no ha dudado en amenazar, no solo a su par de Brasil sino a toda la unión aduanera del Mercosur, de supeditar su voluntad de apoyar su vinculación con la UE en relación a lo que está sucediendo en la Amazonia.

La cruzada ambientalista

Para empezar a desmenuzar este tema complejo, comencemos por la autoridad moral. Es decir, qué derecho le asiste al gobierno de Francia para exigirle a otro, en este caso del de Brasil, que deje de hacer tal cosa porque entiende que lesiona un bien superior, cual es el de la Humanidad.

Cabe recordar al respecto que no hace tantos años, ese mismo gobierno, el francés, no dudó en desarrollar pruebas nucleares en el Atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur. Y que cuestionada por la ONG ambientalista Greenpeace, no trepidó en enviar un comando naval a colocar un explosivo en su barco para impedir una protesta contra esas pruebas.

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Pero la Francia de Emmanuel Macron no está sola en esta cruzada ambientalista, ya que la acompañan, entre otros, el rey Harald de Noruega, un conocido impulsor de los postulados ecologistas. Y por supuesto, toda una miríada de ONGs del más diverso pelaje.

Así queda, casi solo, plantado el Brasil, una potencia regional que, para colmo de males, se encuentra gobernada por un presidente no convencional y que hace las delicias de sus adversarios con sus declaraciones políticamente incorrectas.

Pero como tratamos casi siempre en estas columnas, acá hay que separar el trigo de la cizaña.

En principio y como ya lo hemos señalado, no se pueden negar las consecuencias negativas del denominado Cambio Climático, aunque también hay que reconocer que no está probado, en forma absoluta, que exista una relación directa con acciones humanas como la deforestación.

En ese sentido, sostenemos y apoyamos que toda actividad humana, especialmente la económica, debe ser sustentable. Vale decir, que debe sostenerse en el largo plazo, no solo en el corto de una docena de cosechas. Y que en este sentido, destruir –sistemáticamente- hectáreas de selva para plantar soja no nos parece lo más conveniente.

Pero también reconocemos el derecho que tiene, en este caso particular, el Estado brasileño o el boliviano para decidir sobre sus estrategias de desarrollo.

Lo que no constituye de nuestra parte, un mero argumento político principista, sino uno vinculado a nuestra propia supervivencia, ya que quienes cuestionan hoy el manejo de la Amazonia, mañana bien pueden hacerlo con nuestra Patagonia o con nuestra Pampa Azul.

Así como están las cosas, les preguntamos a los que designan al Amazonas como el “pulmón del Mundo”, dónde quedaría y cuál sería su “cerebro”.

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