El uribista Óscar Iván Zuluaga y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dirimirán en la segunda vuelta electoral del 15 de junio quién ocupará la primera magistratura en el próximo período presidencial, tras una elección reñida que pone un interrogante sobre la continuidad del proceso de paz con las guerrillas, ya que el candidato más votado se opone a esas negociaciones impulsadas por el actual gobierno.

Con casi la totalidad de los votos escrutados, 99,72 por ciento, el candidato de Centro Democrático, Zuluaga, se imponía en esta primera vuelta con el 29,27 por ciento de los votos, seguido por Santos (Unidad Nacional), con el 25,65 por ciento de los sufragios.

Detrás disputaban cabeza a cabeza por el tercer puesto Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, con el 15,53 por ciento, y Clara López, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, con el 15,23 por ciento.

Muchos de estos votos de izquierda corresponden a centros urbanos, en especial al distrito central de Bogotá, donde el PDA se constituyó en la segunda fuerza, detrás de Zuluaga, postergando a Santos al tercer lugar.

En último lugar se ubicaba el exalcalde de Bogotá y candidato por la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, con el 8,29 por ciento. Lo que marca que fue el principal afectado por la campaña sucia que se prodigaron oficialistas y uribistas, ya que hasta hace dos semanas disputaba el segundo lugar con Zuluaga.

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El resultado de esta elección confirma que nadie estaba en condiciones de reunir el 50 por ciento más uno de los votos para consagrarse en esta primera vuelta, pero el hecho de que la diferencia haya sido casi de cuatro puntos supera la condición de empate técnico que auguraban las encuestas y echan dudas sobre la paridad que se pronosticó para la elección del 15 de junio.

En una lectura lineal, la diferencia se mantiene si se asignan los votos de la conservadora Ramírez a Zuluga y los de la izquierdista López a Santos, lo que dejaría el resultado final en manos de quienes conforman la escueta cosecha de Peñalosa.

Pero los trasvasamientos lineales en un sistema electoral en donde el voto no es obligatorio no parecen una proyección razonable. Sobre los 32.975.158 colombianos en condiciones de participar de la elección hoy sólo lo hizo el 40 por ciento,lo que supera el promedio de abstencionismo, que hasta estos comicios rondaba la mitad del padrón.

Llama la atención tanta apatía a la hora de participar en una elección en la que lo aparenta estar en juego es la continuidad de las negociaciones de paz que el gobierno lleva adelante con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace un año y medio en La Habana.

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Zuluaga lleva en este tema la voz del expresidente Alvaro Uribe, enconado opositor de esas negociaciones. Aunque en estos últimos días ha aceptado la posibilidad de que los cuadros menores de esa guerrilla incursionen en política, para lo cual primero tendría que haber un acuerdo, se opuso férreamente a que lo hagan los jefes insurgentes.

Las palabras del candidato del uribismo encastran con los sondeos que indican que el grueso de la población colombiana está de acuerdo con la firma de la paz con las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN (Ejército de Liberación Nacional), también es mayoritario el sentimiento que los responsables de crímenes de la guerrilla deben someterse a la Justicia.

El uribismo también cuestiona la política exterior de Santos, quien apenas asumió, en 2010, recompuso las relaciones con Venezuela y Ecuador, a los que acusa de haber alojado a guerrilleros.

El caso es que estos dos temas estuvieron sobre el tapete en la campaña para los comicios de hoy, no tanto en los debates, que fueron pocos y acotados, como en el cruce de chicanas y denuncias que se prodigaron los equipos de campaña de Zuluaga y Santos.

La campaña sucia fue un arma que, se evidencia hoy, le sirvió más al uribista que al mandatario en busca de reelección, pero algunas de esas denuncias pueden tener consecuencias judiciales antes de la segunda vuelta electoral de junio.

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Una denuncia sobre vínculos con narcotraficantes hizo renunciar a la campaña de Santos al asesor Juan José Rendón. Y la aparición del hacker Andrés Sepúlveda, que juntaba datos para boicotear al proceso de paz, complicó seriamente a Zuluaga. Y a esto se sumó Uribe denunciando que el narcotráfico aportó dos millones de dólares para la campaña de 2010 de Santos, que en ese entonces era su candidato.

El caso es que mientras la atención de los votantes y de los medios estaba enfocada en estas dos posiciones enfrentadas, la necesidades más urgentes de la sociedad quedaron fuera del debate.

Temas como la violencia y la delincuencia urbana, la presencia de las bandas criminales (derivadas del paramilitarismo) en las regiones y zonas rurales, los problemas estructurales del sistema de salud, la urgente reforma al modelo actual de justicia y la corrupción se quedaron por fuera del debate.

Tal vez el record de abstencionismo a las urnas tenga que ver con esas carencias en la campaña. Si llegan a esa conclusión los búnkers de los dos candidatos la agenda puede dar un vuelco, de lo contrario, seguirán apareciendo ”carpetazos” con denuncias en lugar de propuestas.
Telam

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