El régimen comunista además reducirá el número de crímenes punibles con la pena de muerte ”paso a paso”, señaló un comunicado del PCCh sobre las decisiones tomadas en el plenario de sus líderes, celebrado del 9 al 12 de noviembre, informó la agencia de noticias oficial china Xinhua.

En materia económica y social, China ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema de seguridad social ”más imparcial y sostenible” que aumente ”gradualmente” la edad de jubilación, agregó el comunicado publicado por Xinhua.

Con China abocada a encontrar nuevas fuentes de crecimiento luego de que tres décadas de expansión sostenida empezaron a dar señales de agotamiento, el documento también anuncia una eliminación en las restricciones para habitar pequeñas ciudades y localidades, fomentando una migración del campo a los centros urbanos.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos criticaron durante décadas a Beijing por la imposición de trabajos forzados, muchas veces sin sentencia judicial, y el extendido uso de la pena de muerte, también en delitos no violentos.

El gobierno chino dice que la política del hijo único, iniciada a finales de los 70, logró frenar la superpoblación del país y permitió a incontables familias salir de la pobreza o evitarla.

Pero la política asimismo derivó en abusos, como abortos y esterilizaciones forzosas, pese a que ambas medidas son ilegales. Las parejas que incumplen la ley enfrentan onerosas multas, la confiscación de sus propiedades y pérdida de su trabajo.

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En el texto, el Partido Comunista, liderado por el presidente Xi Jinping, anunció que relajará la norma ”autorizando a tener dos hijos” si uno de los cónyuges no tiene hermanos, lo que podría afectar a millones de parejas.

Hasta ahora, la mayor parte de las parejas que viven en ciudades sólo pueden tener un hijo, mientras que las familias que habitan en zonas rurales están autorizadas a tener dos. Otra excepción es permitir dos hijos cuando ambos padres son hijos únicos.

El año pasado, un centro de estudios gubernamental chino urgió a los líderes del país a empezar a cambiar gradualmente la política para permitir dos niños por cada familia para 2015, por considerar que China pagó ”un costo político y social enorme”.

La Fundación de Investigación y Desarrollo de China dijo que la práctica resultó en conflicto social, altos costos administrativos e indirectamente en un desequilibrio de género debido a abortos legales de fetos femeninos y al infanticidio de bebas por parte de padres que preferían un varón.

En el caso de la abolición de los campos de trabajo (conocidos en China como ”laogai”) y la reducción de la pena de muerte, el documento del PCCh asegura que son pasos adelante para ”mejorar la protección de los derechos humanos” y los sistemas de corrección, castigo y reinserción de delincuentes.

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Además, el país ”trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante tortura y abuso físico” y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente, informó la agencia de noticias EFE.

En una nación donde muchos abogados suelen ser perseguidos por su defensa de los derechos humanos, el PCCh señala que los letrados ”jugarán un importante papel en la protección de los derechos legales y los intereses de los ciudadanos” y sus derechos a la práctica legal ”serán protegidos”.

La economía de China experimentó un crecimiento de dos dígitos durante 30 años, pero el gobierno prevé que el ritmo de expansión se ralentizará y caerá a un 7,5% este año, el punto más bajo en 23 años.

Más en línea con las economías desarrolladas, las reformas son parte de planes del gobierno de que los servicios y el consumo se conviertan en los principales impulsores del crecimiento, en lugar de las inversiones y las exportaciones.

Para lograr eso, Beijing quiere alentar a millones de chinos a mudarse de las zonas rurales a las urbanas, pero eso requiere una gran reforma agraria y de residencia.

Para ”ayudar a los campesinos a convertirse en ciudadanos urbanos”, se pondrán en marcha ”requisitos razonables” para los residentes rurales que quieran obtener el permiso de residencia (”hukou”) y se controlará ”estrictamente”, añade el texto, el tamaño de la población en las megalópolis.

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El documento también anunció que China ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema de seguridad social ”más imparcial y sostenible” que aumente ”gradualmente” la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años en el caso de los hombres y de 55 en el de las mujeres.

Entre ellas, el Partido asegura que permitirá la creación de bancos ”pequeños y medianos” de ”capital privado cualificado”, si bien no especifica si esto incluye también capital extranjero, de momento sólo representado en China por entidades financieras grandes y bajo un alto coste de apertura de las sucursales.

Actualmente, todos los bancos que existen en China cuentan con una mayoría del capital de titularidad pública, sea directamente provisto por la administración, ya sea central, provincial o local, o bien a través de otras compañías estatales.

China, agrega, promocionará una ”reforma pro mercado” en sus grandes compañías estatales para romper los monopolios e introducir competencia.

Asimismo, el capital privado podrá aportar dinero en proyectos de inversión de fondos del estado, y los empleados de empresas que tengan ”multipropiedad” podrán comprar acciones de estas compañías.

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